Colombia

Voluntario y necesario

La lucha contra la delincuencia organizada debe ser una labor diaria y constante. De no haber sido por el esfuerzo de sucesivas administraciones, la capital no podría hoy exhibir los resultados que muestra en reducción de homicidios, por ejemplo, o no se les habría quebrado la tendencia al asalto a entidades financieras ni al hurto de motos. Pero, como lo decíamos recientemente en este mismo espacio, el hurto callejero, el asalto y el atraco a mano armada son el rasero con el que se mide la efectividad de un gobierno en esta materia.

La más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana del programa Bogotá Cómo Vamos (BCV) corrobora lo dicho: solo el 27 % de la gente se siente segura en la ciudad, y si bien un 50 % cree que el barrio es tranquilo, el atraco en la calle (60 %) y la drogadicción (41 %) aparecen como los problemas más graves en tales entornos, según el estudio.

Menos del 50 % de las víctimas denuncian un delito, y –óigase bien– el 70 % de la gente ve pocas probabilidades de que una acción criminal se sancione, es decir, poca credibilidad en la justicia. Más preocupante resulta aún que un 41 % de las personas consultadas acepten que la comunidad puede darle una golpiza a un delincuente si la autoridad no actúa.

Todos estamos llamados a derrotar la plaga del atraco y el acoso; y las autoridades,
a mostrar resultados para que el esfuerzo valga la pena.

Los puentes peatonales y el transporte público son dos de los lugares referenciados como los más propicios para el atraco y el acoso. En un año pueden presentarse en TransMilenio 15.000 robos, el 16 % de los registrados en toda la ciudad. Los pasajeros ya tienen identificadas estaciones y zonas en donde se ha vuelto común este fenómeno.

No le falta, entonces, razón al ciudadano de a pie que reclama mayor seguridad a las autoridades y el derecho a movilizarse con tranquilidad en cualquier espacio. Pero ese reclamo choca con una verdad de a puño: la escasa disponibilidad de policías y la falta de una estrategia que permita frenar la tendencia y la percepción de inseguridad que genera el cáncer del atraco en el espacio público.

Son estas mismas razones las que han llevado a la alcaldesa Claudia López a diseñar una nueva fórmula para hacerles frente a la inseguridad en Bogotá y, particularmente, al hurto y el acoso a las mujeres en el sistema de transporte masivo. Para conseguirlo espera aumentar el pie de fuerza de la policía en mil hombres y mujeres que ya han prestado servicio en la Fuerza Pública y estarían dispuestos a seguir en la Policía. La ciudad asumiría el costo de su dotación y entrenamiento.

Los recursos para tal fin tienen que salir de algún lado. Y esa fuente, a juicio de López, estaría en el aporte voluntario del 10 % del impuesto predial de los contribuyentes bogotanos. Una propuesta que si bien no deja de ser controvertida, es absolutamente necesaria. Como también lo hemos repetido aquí, la seguridad es asunto de todos. De hecho, según la encuesta de BCV, la misma gente propone la solidaridad ciudadana y el incremento del número de policías como acciones puntuales para enfrentar la criminalidad. ¿Entonces? Hay que acompañar a la alcaldesa en este propósito, pero, con la misma firmeza, exigir de las autoridades eficacia, transparencia y resultados. Es la única forma de que la ciudadanía sienta que aportar para este fin vale la pena.

EDITORIAL


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