Colombia

Una prioridad impostergable

Preocupan los resultados del último estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde el 2016, los capitalinos sienten que la situación de seguridad va empeorando. Cada día la ciudadanía está sujeta al bombardeo de historias de atracos y homicidios que se suman a la creciente desconfianza en la policía y en la justicia. Si bien las cifras oficiales ofrecen un panorama más alentador del que se vive en las calles, es preciso atender el llamado de millones de personas que claman por su derecho a vivir en una ciudad segura.

La percepción de inseguridad en 2020 se situó en el 76 por ciento, muy superior a la del 2019, cuando 6 de cada 10 bogotanos se sentían vulnerables. Llama la atención que el aumento más pronunciado se dio entre las mujeres, que saltó de un año para otro del 61 al 81 por ciento. Estas cifras contrastan con los datos de victimización, en los que solo 17 de cada 100 encuestados reportan haber sido objeto de un delito. Este último hecho parece coincidir con los datos de la Secretaría de Seguridad, que reportó durante el 2020, a excepción del hurto de bicicletas, una disminución en todos los indicadores.

La aparente contradicción entre la reducción de la criminalidad, que en gran medida se debe a los efectos del covid-19, y los resultados de las encuestas se resuelve en parte entendiendo que las preocupaciones de la ciudadanía se han venido concentrando principalmente en los delitos de hurto y de violencia de género, en los que se presentan aumentos sustanciales, particularmente en el robo de bicicletas. En otra serie de delitos, tales como el homicidio, riñas, lesiones y tráfico de estupefacientes, los bogotanos reportan una menor intranquilidad. En términos más sencillos, la preocupación de la ciudadanía, que a su vez refleja la percepción de inseguridad, se concentra en los delitos que mayor crecimiento han presentado.

El plan de seguridad y convivencia ciudadana propuesto por la alcaldía reconoce este hecho, y decidió justamente concentrar sus esfuerzos para mitigar los delitos que atenten contra el patrimonio y la violencia de género. Sin embargo, los esfuerzos de la Administración Distrital serán insuficientes si no se revisan otros aspectos cruciales como la atención de la policía y la efectividad de la Fiscalía y la Rama Judicial. Así lo demuestran los datos de la encuesta de la Cámara de Comercio y los estudios de la Corporación Excelencia en la Justicia.

En lo que se refiere a la Policía Nacional, resulta llamativo que solo 1 de cada 5 bogotanos que lo necesita llama a la línea 123. Más aún, si bien el porcentaje de ciudadanos que acudió a la policía aumentó en un 7 por ciento durante el 2020, s0lo 3 de cada 10 de los que interactuaron con la autoridad calificaron como bueno su servicio. Resulta también elocuente que solo el 24 por ciento conoce su cuadrante y que casi nadie sabe cómo comunicarse con él. Eso sin mencionar que la percepción de corrupción en la institución pasó del 29 al 43 por ciento, siendo esta una de las mayores razones de desconfianza en la policía.

A la justicia no le va mucho mejor. No solo porque en los últimos años el número de casos que se archivan por vencimiento de términos ha venido aumentando considerablemente, sino también porque menos de la mitad de las personas que son víctimas de un delito los denuncia. El 59 por ciento de los que se abstienen de hacerlo consideran que los jueces son corruptos y otro 34 por ciento desconfía de la Rama.

De lo anterior solo queda una posible conclusión y es la urgente necesidad de articular una política de seguridad y de convivencia ciudadana integral y efectiva. Esa es una prioridad impostergable. Sin duda, el principal reto que se tiene en Bogotá es justamente el de la inseguridad. Para hacerlo, no basta con aumentar el presupuesto distrital o incrementar el pie de fuerza; ambas cosas necesarias, pero de por sí insuficientes. Se requiere entonces trabajar en dos dimensiones adicionales: por un lado, avanzar, como se ha tratado de hacer, en una estrategia que parta desde la prevención, reacción y judicialización del delito, focalizando esfuerzos con base en las problemáticas de cada localidad y en los delitos de mayor impacto. Por otro lado, promover reformas institucionales en la Policía y la justicia no solo para mejorar su eficiencia, sino para madurar la confianza que se necesita a fin de cimentar un diálogo con la ciudadanía y derrumbar las barreras de acceso a la oferta estatal.

Todos tenemos derecho a habitar en una ciudad segura y contar con autoridades eficientes que garanticen de verdad nuestros derechos más básicos. Desatender esta obligación constitucional comporta una suerte de degradación social y alienta un pesimismo en la población, la cual se siente impotente ante la expoliación de sus derechos, incluida su vida. Sin Policía y sin una justicia eficiente, ninguna política de seguridad local puede cumplir su cometido. A la capital y a sus autoridades no se las puede dejar solas, puesto que las responsabilidades y los cambios también deben llevarse a cabo a nivel nacional.

Ñapa: Es indignante que casi la tercera parte de las tutelas que se interponen en el país sean por hacer efectivo el derecho a la información; y, más indignante aún, que 6 de cada 10 tutelas terminen en desacato.

GABRIEL CIFUENTES GHIDINI


@gabocifuentes

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