Colombia

¿Tumbar Estatuto Tributario?

Temeraria propuesta de acción popular la que radicaron 20 intelectuales a finales de mayo: le solicitan a la Corte declarar inconstitucional la totalidad del Estatuto Tributario (ET) acumulado desde 1989. Aducen los demandantes, abogados cercanos a Dejusticia y académicos economistas, que dicho ET viola la carta en aspectos de progresividad tributaria, eficacia del recaudo y tratamiento equitativo.

Los demandantes concluyen que los progresos tributarios de Colombia han resultado insuficientes, pero ni siquiera los comparan contra los avances de países pares. Pasan por alto, primero, el logro de duplicación del recaudo, que se elevó del 7,6 % del PIB en 1995 al 14 % en 2019. Aunque este valor todavía es insuficiente, Colombia se ha movido en la correcta dirección de incrementar recursos para que el gasto público también logre mayor progresividad al focalizarse en estratos bajos. Nuestros Pikettys criollos cometen el mismo error de quien pregona tasas de imporrenta efectivas del 75 % (expropiatorias), pero olvidando la progresividad del gasto público.

Segundo, Colombia ahora exhibe recaudo de imporrenta de firmas y hogares equivalente al 33 % del total, cifra igual al promedio de la Ocde. Si bien el 6,2 % del PIB de imporrenta de Colombia todavía luce bajo frente al promedio de 11 % de la Ocde, la Corte difícilmente podría concluir que nuestra mezcla de impuestos directos/indirectos luce aberrante. Sin embargo, sí es válido insistir en elevar el aporte de hogares, pero eso no le corresponde a la Corte, sino al Congreso.

Y, en tercer lugar, los demandantes ignoran el hecho de que la tasa efectiva de tributación de hogares de ingresos medios altos se ha vuelto bastante más progresiva en 2012-2020, aplicando el principio Iman. Esos hogares pagaban irrisorio 5 % en 2012 y actualmente, 20-28 %. Más aún, la aplicación recurrente del impuesto al patrimonio ha hecho que sus tasas efectivas se incrementen otro 3 %, llegando hasta el 31 %. Así, los gravámenes efectivos que se aplican a hogares ricos en Colombia no distan mucho del promedio de la Ocde.

Los demandantes aciertan en alertar sobre la baja eficacia del recaudo, pero ello obedece a evasión-elusión y a exenciones en impuestos tanto directos como indirectos. En efecto, dado que el IVA al 19 % solo cubre el 35 % de bienes y servicios en Colombia, nuestra “productividad del recaudo” es la mitad de la observada en Chile. Por supuesto que las exenciones a zonas francas y similares también drenan el recaudo. Pero ese es el juego de una democracia que se debate entre el legal ‘cabildeo’ ante el Congreso y la tecnocracia que reclama apoyos de la sociedad civil defendiendo los bienes públicos.

Se equivocan los demandantes al pensar que le corresponde a la Corte “ordenar el incremento del recaudo”, cuando buena parte del problema se origina en la evasión tributaria. Mejorar el recaudo pasa por la modernización de la Dian, que va por buen camino, y también por volver relevantes los umbrales de evasión que conllevarían cárcel.

Colombia debería estar curada del “activismo económico de las cortes”, tras su nefasta actuación en la crisis hipotecaria 25 años atrás. Además, llegar a derogar el ET daría pie, por ejemplo, a que demanden también la Ley 100 de 1993 debido a la regresividad del sistema pensional; imagínense ustedes el caos.

Si la sociedad civil no gusta del accionar parlamentario, su obligación es impulsar organizaciones partidistas con mejores liderazgos. La tecnocracia que encarnan los demandantes tiene esa dura tarea, y no la de aupar el reino de los jueces. Por esta vía debilitan nuestra separación de poderes y la propia democracia. Más bien preparemos nuestras argumentaciones sabiendo que el Gobierno ha instaurado la Comisión que estudiará las exenciones de cara a la nueva reforma tributaria del 2021.

SERGIO CLAVIJO

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