Colombia

Pena de muerte y un barco por cárcel: los juicios a los presidentes

Hubo vidas completas que iniciaron, transcurrieron y terminaron desde la última vez que un exgobernante colombiano estuvo privado de la libertad, hace 62 años.

Ni entonces ni ahora, el lugar de reclusión tuvo rejas: el dictador Gustavo Rojas Pinilla, arrestado el 3 de diciembre de 1957, por temor a que liderara una conspiración para volver al poder tras su regreso a Colombia, fue alejado lo más posible de Bogotá, encarcelado en el mar Caribe a bordo de la fragata Capitán Tono, y luego trasladado a una prisión improvisada en Galerazamba, en el extremo norte de Bolívar, hasta su liberación el 13 de enero de 1958.

Álvaro Uribe, el primer exmandatario colombiano privado de la libertad en este siglo, recibió esta semana una orden de detención preventiva por parte de la Corte Suprema, en medio del proceso por supuesto soborno de testigos.

Desde entonces, debido a la medida de casa por cárcel,  ha permanecido detenido en su propia finca, El Ubérrimo. Las dimensiones de su prisión rondarían -según cálculos del propio Uribe en 2017- las 1.500 hectáreas.

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Los nombres que componen la lista de los presidentes de Colombia figuran poco en las sentencias penales. La primera, sin embargo, fue una condena a muerte.

El sentenciado, Francisco de Paula Santander, fue castigado con la horca como cómplice del intento de asesinato de Simón Bolívar -el Libertador Presidente, según su cargo en el momento-, el 25 de septiembre de 1828.

La condena no llegó a cumplirse, fue cambiada por el exilio, lo que permitió que a su regreso cuatro años después Santander se convirtiera –además de segundo presidente de la República de Nueva Granada– en el primero y el único con una pena capital en su expediente.

Antes de volver, al país y al poder, Santander intuyó la verdadera naturaleza de su castigo: más que el destierro, la suya era la condena de un hombre público obligado a habitar únicamente la vida privada. “Estoy resignado a morir en el retiro de la vida privada, haciendo votos por la felicidad de mi patria”, escribió desde París, el 4 de julio de 1830.

Casi dos siglos después, esta semana, en su único pronunciamiento sobre su detención, Álvaro Uribe retomó ambos elementos, su vida privada, y su rol público: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria”.

Todo juicio contra un presidente, sea culpable o inocente, es inevitablemente un juicio político, con un efecto político. En el siglo de Santander, marcado por guerras civiles, los juicios a gobernantes significaban el ajusticiamiento al líder del bando derrotado por parte del vencedor.

Prácticamente a cada conflicto colombiano en el siglo XIX, señala Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, le seguía sin falta el encarcelamiento y exilio de un presidente y la redacción de una nueva Constitución.

Así, derrotados en combate, fueron procesados los presidentes José María Melo, en 1854, José María Obando, en 1855 y Tomás Cipriano de Mosquera en 1864.

La libertad del hombre en el poder continuó siendo un trofeo de guerra durante varias décadas después de la independencia, hasta la creación en 1886 de la Corte Suprema de Justicia y la implementación de la figura del fuero presidencial, una herencia de la legislación española, explica Bernate, según la cual un gobernante no puede ser juzgado ni investigado por instancias comunes.

Quien gobierna quedó, entonces, en una esfera distinta a la del resto de ciudadanos. Richard Nixon, el único presidente que ha dimitido en la historia de Estados Unidos, debido a un escándalo de espionaje a opositores, resumió esta inmunidad durante una entrevista famosa en 1977, luego de su renuncia: “Si lo hace el presidente, entonces no es ilegal”.

La razón, según la teoría del derecho penal, es una garantía de estabilidad: que aquel que está a cargo del país no sea objeto de una represalia por parte de una autoridad inferior.

Durante el siglo XX, dice Bernate, hubo apenas dos procesos contra presidentes. El primero fue el de Rojas Pinilla, quien perdió sus derechos políticos tras ser condenado en 1959, pero los recuperó siete años después al ser revocada la decisión.

El segundo fue el proceso 8.000, contra Ernesto Samper, por presunto ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña en 1994. Dos años después, la Comisión de Acusación de la Cámara, instancia encargada de la apertura de procesos a presidentes por sus acciones durante el ejercicio del poder, archivó los cargos.

Hasta ahora, todas las medidas penales contra gobernantes en Colombia tenían un vínculo con las guerras civiles, los golpes de estado o sus intentos. Esta semana, por primera vez, aquel que ocupó el cargo con mayor poder del país pasa sus días privado de la libertad sin haber antes perdido una guerra o fracasado en una insurrección.

JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS


REDACCIÓN EL TIEMPO - @juanduermevela

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