Colombia

Moratoria por vía judicial contra El Quimbo

Una nueva acción judicial para que Enel-Emgesa cumpla con la totalidad de las compensaciones, en la zona de influencia de El Quimbo comenzó a tramitar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

RICARDO AREIZA

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Vuelve y juega. Una acción popular para que la multinacional Enel-Emgesa, cumpla con la totalidad de las compensaciones económicas, sociales y ambientales, instauró el diputado Alexánder Vargas Bedoya.

Ante la renuencia de la multinacional el dirigente de Cambio Radical solicitó que se declare administrativamente la moratoria en el cumplimiento y se adopten las medidas de urgencia para que se hagan efectivas las medidas de compensación.

El medio de control fue radicado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La acción judicial le correspondió por reparto a la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno.

La acción popular involucra al presidente de la República, Iván Duque; a los ministros de Ambiente Carlos Eduardo Correa y de Minas, Diego Mesa Puyo; al director de  la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Jorge Eduardo Quiroga y al  gerente General de la multinacional Enel- Emgesa Lucio Rubio.

“El Gobierno Nacional impuso medidas compensatorias, de mitigación, prevención y  corrección de los impactos negativos económicos, sociales y ambientales ocasionados por la construcción del complejo. Sin embargo, diez años después, la mayoría de las compensaciones no se han cumplido, tal como quedaron consignadas en la licencia ambiental”, estimó Vargas Bedoya.

Entre otras figuran la construcción del viaducto, la vía perimetral, los programas de vivienda, la rehabilitación de los corredores biológicos, la construcción de los distritos de riego además de compensaciones económicas, sociales y ambientales.

En la licencia ambiental quedaron como obligaciones,  la construcción de obras, adecuación de tierras, restauración de bosque, recuperación de la capa vegetal, repoblamiento piscícola,  entre otras actividades a cargo del  dueño del proyecto, las cuales serían vigiladas fiscalizadas, e inspeccionadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

En su criterio, Emgesa, propietaria del complejo hidroeléctrico después de 10 años de la concesión de la licencia, sigue persistiendo en el incumplimiento y no ha cumplido la mayoría de las compensaciones.

“Han pasado 20 informes de cumplimiento insistiendo en la morosidad, y no pasa nada. Acabamos de cumplir cuatro años desde la audiencia pública ambiental realizada el 11 y 12 de noviembre de 2016, en donde se formularon con precisión los incumplimientos y no ha pasado nada”, anotó.

“A más de diez años del inicio del proyecto y luego de cuatro años de la audiencia pública aún persisten los incumplimientos de Enel-Emgesa, con la sociedad huilense en obras civiles; de infraestructura, proyectos sociales, económicos, de mitigación ambiental y por supuesto la fallida inversión de casi 50 mil millones de pesos correspondientes al 1% del costo total del proyecto que no se ha ejecutado en el cuidado de la biodiversidad del afluente, cuencas y sub cuencas que alimentan el embalse”, explicó Vargas Bedoya.

Según el diputado, los incumplimientos quedaron consignados en el último Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) suscrito el 22 de septiembre del 2020 por la Anla y remitido al gobernador Luis Enrique Dussán.

Medida cautelar

Además, como medida cautelar, solicitó la suspensión de la licencia ambiental hasta que la entidad cumpla con lo contemplado en la licencia.

Se requiere igualmente a la autoridad ambiental para que materialice los derechos contenidos en la licencia ambiental y documento de cooperación, Quimbo.

Se solicita que se conmine a las entidades implicadas para que se tomen medidas transitorias urgentes, encaminadas a proteger a las 426 familias afectadas con el no cumplimiento del distrito de riego.

No es la primera vez que se pide la suspensión de la licencia ambiental para la operación de la represa El Quimbo. Los ex gobernadores Carlos Mauricio Iriarte y Carlos Julio González, acudieron a acciones judiciales para obligar a la multinacional a cumplir con la totalidad de las compensaciones.

Amparados en el principio de precaución, orientado a prevenir daños graves e irreversibles al medio ambiente, los dos mandatarios seccionales insistieron en esta figura pero además, demandaron que se declare la moratoria y se hagan efectivas las medidas de protección.

Otra acción de nulidad de la licencia ambiental fue presentada el 10 de noviembre de 2014 por el Centro de Estudios para la justicia social (Tierra Digna) con el respaldo de otras organizaciones no gubernamentales como Asoquimbo, como una estrategia jurídica en defensa de los ríos, la soberanía alimentaria y los derechos territoriales de campesinos afectados en las zonas de influencia.

Los dos abogados Andrea Torres Bobadilla y Juan Pablo Muñoz Onofre, solicitaron adicionalmente la suspensión provisional. La medida cautelar contemplada en la demanda no prosperó. La Sección Primera del Consejo de Estado la  declaró improcedente el pasado 31 de mayo de 2019.

Desde el Congreso se desarrollaron dos debates de control político liderados por el entonces senador Hernán Andrade y luego por Ernesto Macías, con el mismo propósito para presionar el cumplimiento total de las compensaciones, pero no han surtido efectos.

“Ahora lo que pretendemos es que ante el silencio administrativo de la multinacional y la complicidad de las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento, sean los jueces de la República los que adopten las medidas de protección de los derechos colectivos vulnerados”, insistió Vargas Bedoya.

Obra pendientes

“A la fecha, las comunidades no han sido compensadas con las obligaciones que le competen a la empresa dueña del complejo hidroeléctrico, no se ha logrado recuperar la capacidad de oxigeno que debe tener el río Magdalena para su vida y funcionamiento como un pulmón del planeta tierra. Tampoco se han construido las plantas de tratamiento de aguas residuales de los reasentamientos construidos por la empresa Emgesa”

Además, no se ha realizado la inversión del 1% que por ley corresponde para la restauración de la capa vegetal en el sitio de incidencia del proyecto.

Durante este tiempo no se ha restablecido la actividad productiva a los pescadores y personas que subsistían del río Magdalena. Se perdieron las zonas de desove de los peces que se reproducían en la parte alta del río Magdalena; No se ha recuperado el patrimonio histórico del pueblo huilense que fue inundado con el llenado del embalse del Quimbo;

“Se cambiaron los pisos térmicos en las tierra del departamento, obligando en gran parte del sector productivo a cambiar de actividad económica para el sostenimiento de sus familias;

“Finalmente, no se tiene socializado con las comunidades ni establecido un plan de gestión de riesgos por parte de la empresa Enel-Emgesa, a pesar que es de público conocimiento que la presa fue construida en uno de los sitios con más influencia sísmica del departamento”, anotó.

Las peticiones

  1. Decretar y ordenar la declaratoria de moratoria del cumplimiento de las compensaciones por la empresa Enel-Emgesa como propietaria del complejo hidroeléctrico El Quimbo, con la aquiescencia de la Anla, Presidencia de la República, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Minas y Energía y demás entidades contenidas en la licencia ambiental y documento de cooperación.
  2. Declarar que se han vulnerado los derechos colectivos de El goce de un ambiente sano, La moralidad administrativa, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, la defensa del patrimonio público, La defensa del patrimonio cultural de la Nación y derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a la población afectada en los municipios de Gigante, garzón, Tesalia, agrado, Paicol y Altamira del departamento del Huila.
  1. Ordenar que con ocasión del daño colectivo, se cumplan las compensaciones contenidas en la licencia ambiental y documento de cooperación, en un término no superior a los dos meses, ya que a la fecha del licenciamiento de dicho proyecto, han trascurrido 10 años sin que se hayan compensado en su totalidad al departamento del Huila, teniendo en cuenta que la autoridad ambiental en su último informe de cumplimiento ambiental, sigue requiriendo y dando prorrogas en el tiempo, situación que causa un daño ostensible al ambiente, economía, las relaciones sociocultural del departamento y patrimonio de los afectas, los entes territoriales del área de influencia y demás población enumerada por el ANLA como afectado del proyecto
  1. Ordenar que se requiera y conmine a los ministerios de Agricultura, Minas y Energía y Presidencia de la República a que cumplan con su función constitucional en lo que respecta al cumplimiento del deber legal en la vigilancia y acatamiento de la licencia ambiental y documento de cooperación.
  1. En la eventualidad de superarse los dos meses de plazo o el término que la autoridad judicial determine para el cumplimiento de las compensaciones, ordenar la suspensión del proyecto hidroeléctrico el Quimbo, hasta tanto se cumplan las compensaciones y obligaciones adquiridas en la licencia ambiental y documento de cooperación.
  1. Ordenar la reparación de los daños causados con la mora, incluyendo el daño emergente y lucro cesante; que deberá ser cuantificado a través de peritos avaluadores.
  2. Con base a dicha cuantificación ordenar a la multinacional Enel-Emgesa, reparar a cada uno de los afectados el daño causado realizando la reparación integral con el correspondiente acompañamiento de los ministerios de Ambiente, Agricultura, Minas y Energía y Presidencia de la República.

8.Ordenar, cuantificar y pagar los perjuicios causados a los municipios de Gigante, Garzón, Tesalia, Agrado, Paicol y Altamira del departamento del Huila.

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