Colombia

La tutela

Una vez la Corte Suprema de Justicia decidió respaldar la tutela que interpusimos un grupo de ciudadanos buscando garantizar el derecho a la protesta pacífica y el respeto a los derechos fundamentales de quienes participan en dicha protesta, las reacciones no se hicieron esperar. Puedo entender algunos de los desacuerdos, pero me preocupan muchísimo otros.

Particularmente, me preocupa que nuestro consenso alrededor de la necesidad de garantizarnos a todos nuestros derechos fundamentales se ha roto y va a resultar muy difícil reconstruirlo. Todavía tenemos consagrado ese acuerdo en la Constitución, pero es como si gradualmente hubiésemos llegado a un lugar en el que estamos dispuestos a proteger los derechos solo de aquellos con quienes coincidimos políticamente.

Eso, obviamente, contradice la razón de ser fundamental de los derechos de las personas: precisamente, aquellos a quienes hay que proteger con más ahínco y vehemencia es a aquellos que no cuentan con la simpatía, la aquiescencia y el favor del poder. Los derechos fundamentales son un blindaje con el que cuentan los ciudadanos de a pie para poder controlar el impulso del Estado –con su monopolio del uso de la fuerza– a reprimir y oprimir a sus propios ciudadanos cuando ellos disienten del gobierno de turno.

Creo que la Corte nos recuerda que nuestra expectativa de
estar seguros y simultáneamente mantener las garantías de
nuestros derechos fundamentales intactas no es exagerada.

El Gobierno y otros sectores parecen pensar que esas garantías no son necesarias y son hasta inmerecidas. No parecen entender que las ya demasiadas instancias en las que han transgredido estos derechos en el escenario de la protesta ciudadana, a través de ejecuciones extrajudiciales, retenciones arbitrarias y tortura, son razones suficientes para pedir disculpas y anunciar su compromiso irrestricto con la defensa de los derechos de todos.

Para ponerlo claro: el Gobierno y su partido, al cuestionar el fallo de la Corte Suprema, están poniendo en tela de juicio nuestro acuerdo alrededor de estos principios consagrados en la Constitución de 1991. Con ello está erosionando nuestro Estado de derecho. Todos los desacuerdos entre Gobierno y opositores son posibles y hasta deseables. Pero un desacuerdo con las normas más sagradas de la Constitución, y además de un gobierno cuyo lema es ‘paz con legalidad’, atenta contra los pilares mismos de nuestra democracia y no es desde ningún punto de vista aceptable.

Los colombianos, por una razón u otra, hemos tenido que ceder demasiado en materia de la defensa de nuestros derechos fundamentales. A causa del conflicto armado, de la guerra contra los carteles del narcotráfico y más recientemente de la pandemia, nos hemos ido acostumbrando a que nos digan que tenemos que poner en pausa algunos de nuestros derechos para lograr la seguridad de todos. A veces, ni nos damos cuenta de que lo hacemos porque hemos normalizado esa concesión.

Por eso no nos parece raro ni anormal que, en aras de controlar la protesta social y sus desmanes, la Fuerza Pública pase como aplanadora por encima de los derechos de los manifestantes. Al contrario, pensamos que en aras de defender la seguridad de todos, la policía puede y debe extralimitarse lo que sea necesario a la hora de combatir a quienes cometen actos de vandalismo durante las protestas.

Creo que la Corte nos recuerda que nuestra expectativa de estar seguros y simultáneamente mantener las garantías a nuestros derechos fundamentales intactas no es exagerada. Que podemos exigirle al Estado que nos cuide y nos proteja, sin darle carta blanca para que su Fuerza Pública les pase por encima a nuestros derechos básicos sin el menor reparo. La Corte nos recuerda que esto es una democracia y un Estado de derecho, y que si el Gobierno quiere poderes absolutos sobre los ciudadanos, si quiere gobernar sin límites y sin contrapesos, si quiere eliminar el disenso a punta de lacrimógenos, pues está en el lugar equivocado.

Sandra Borda G.

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