Colombia

La quiebra de la Justicia

Álvaro Uribe Vélez grita energúmeno desde hace seis años que Andrés Felipe Arias “no se robó un peso”, y que ese buen muchacho es víctima de persecución política y de unos jueces “castrochavistas”, manipulados por el pérfido Juan Manuel Santos.

Por primera vez -y espero que sea la última- estoy de acuerdo con el expresidente. El ministro de Agricultura de su gobierno y frustrado presidente de la República, no se robó un peso de las arcas oficiales, pero montó un entramado conocido como Agro Ingreso Seguro que distribuyó a su antojo cuantiosos recursos públicos entre once terratenientes y empresas agropecuarias, con los que agradeció los aportes a las campañas presidenciales de Uribe, y con la ilusión de que esos mismos contribuyeran a la suya, como candidato del uribismo en 2010.

Los uribistas, que no ven sino lo que les conviene, olvidan que Arias fue puesto en el banquillo de los acusados, primero por el procurador Alejandro Ordóñez -protogodo uribista-, que lo inhabilitó por varios años para el ejercicio de cargos públicos por ese mismo asunto y por descarada intervención en política para favorecer su pretensión presidencial; y segundo, por Viviane Morales -neouribista fanática- que como Fiscal General de la Nación le imputó ante la Corte Suprema de Justicia los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros. Ordóñez hoy es embajador en la OEA, y la señora Morales ante el Gobierno de Francia. Por eso, hablar de persecución política es apelar a un sofisma de distracción, muy propio de Álvaro Uribe y sus conmilitones.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con las pruebas recaudadas por la Fiscalía, y con otras de las obtenidas por la Procuraduría, llamó a juicio al prepotente Arias, y luego lo condenó a 17 años de prisión por los delitos cometidos en ejercicio de su función ministerial.

A Arias no lo condenó un modesto juez penal municipal de cualquier puebluco colombiano, fue la más alta instancia judicial de Colombia la que halló prueba bastante para sentenciar al acusado y condenarlo, que fue uno de los argumentos de la Justicia norteamericana para extraditarlo a Colombia.

Ahora, en un fallo de tutela que quiebra la anémica Justicia colombiana, la Corte Constitucional resuelve otorgarle al condenado Arias la posibilidad de que su sentencia sea revisada, y sale con el argumento de la doble conformidad, de la doble instancia y de la impugnación.

Ese fallo echa por tierra la seguridad jurídica y lleva a los colombianos a pensar que la Justicia aquí se aplica según sea el reo, y, desde luego, los aforados que fueron condenados antes de esta absurda tutela acudirán, con todo derecho, a invocarla para liberarse de sus sanciones.

La Corte Suprema de Justicia en enérgico comunicado sitúa en la Corte Constitucional la responsabilidad que le cabe por este esperpento. En mi largo ejercicio profesional no vi jamás algo tan ignominioso.

La Constitución Nacional de 1991 instituyó que quienes gozan de fuero sean juzgados en única instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema, lo que quiere decir que el exministro Arias y todos aquellos cobijados por el fuero, al momento de su posesión tenían que saber que si incurrían en conductas delictivas contempladas por el código penal, el proceso sería en esas condiciones, por lo que no existe ninguna razón para los llantos posteriores.

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