Colombia

La pugna interna que tiene al borde del bloqueo a la Corte Suprema de Justicia

Las casi diez horas que duró la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia del pasado jueves solo sirvieron para confirmar que ese alto tribunal avanza hacia un bloqueo total.

¿Por qué se está registrando esa situación y cuáles serían las consecuencias y las posibles salidas?

Una carta conocida al inicio de esta semana parece condensar la génesis de lo que está pasando al interior de esa corporación cuya tarea más importante en el corto plazo es la de escoger al nuevo Fiscal General de la Nación.

En ella, el magistrado Ariel Salazar le responde al presidente de la Corte, Álvaro García, supuestos señalamientos por “entorpecer” la elección de los siete togados que desde hace ya casi un año hacen falta para completar la Sala Plena de la corporación.

Como se sabe, en diciembre pasado se realizaron al menos tres sesiones normales y una extraordinaria con el fin de realizar dichas votaciones, pero no se logró que hubiera humo blanco.

Salazar, quien el próximo 27 de febrero terminará su periodo como magistrado, aceptó que ha votado varias veces en blanco porque “se ha tratado de candidatos cercanos y recomendados por personas que una vez elegidas en la corporación (…) se dedican a practicar y fomentar el turismo judicial y a hacer uso indebido de las facultades electorales atribuidas a la Corte Suprema”.

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Y agregó: “Les dejo constancia de haber cumplido con el deber que impone el Artículo 40 del reglamento de la Corte, al haber votado por los candidatos más idóneos académica y profesionalmente, previo examen de sus hojas de vida, su trayectoria y sus antecedentes”.

Se ratificó así una división interna que ya había quedado en evidencia en diciembre, cuando García, ante la insistente pregunta de por qué no elegían al nuevo Fiscal General, responsabilizó a un grupo minoritario de magistrados de estar bloqueando las decisiones que debía tomar la Sala Plena.

“Extorsión esa es la palabra, no se puede poner otro nombre, cuando se bloquea para tomar decisiones con intereses particulares, eso es una extorsión”, dijo el presidente de la corporación ante los periodistas.


Y a juzgar por el resto de la carta de Salazar, es poco probable que para la sesión extraordinaria programada para el 30 de enero se hayan superado esas diferencias: “Sea la ocasión para manifestar, de manera respetuosa a los honorables magistrados, que doy por escuchadas las repetitivas frases de despedida, porque considero que el cumplimiento del deber es obligación legal, ética y moral que no deja espacio a los consabidos y acostumbrados elogios que frecuentemente carecen de sinceridad”.

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¿A qué lleva el bloqueo?

“No es conveniente para el sistema democrático que el quórum se desintegre, pero ante dicha eventualidad que parece inminente, no acepto tener culpa ni responsabilidad alguna”, dice también el togado saliente con respecto al bloqueo institucional al que quedaría sometida la Corte Suprema, dado que hasta con los actuales 16 integrantes (de un total de 23) está facultada para tomar decisiones, siempre y cuando sean unánimes, pero con menos no.

De darse esa situación, algunas voces han empezado a hablar de que entonces el Poder Ejecutivo tendría que intervenir decretando el estado de conmoción interior para, como se hizo tras el holocausto del Palacio de Justicia, por esa vía completar el número de magistrados del alto tribunal.


“Si la Corte se bloquea ante la salida de ese magistrado (Salazar), es posible que sectores radicales del uribismo al día siguiente trinen: el país amaneció sin Corte Suprema de Justicia, sin Fiscal General en propiedad, y un país que no tiene Corte Suprema y que no tiene Fiscal, es un país en conmoción interior”, asegura el senador Roy Barreras.

Sin embargo, el exmagistrado Nilson Pinilla sostiene que sería “una decisión grave y difícil, de alta política”, aludiendo al Artículo 215 de la Constitución Nacional, que indica que un estado de conmoción debe decretarse cuando ocurran hechos que “perturben o amenacen con perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”.

Y plantea que si bien el alto tribunal no podría tomar decisiones en Sala Plena por la falta de quórum, las salas Laboral, Civil y Penal seguirían funcionando, dado que sí cuentan con la mayoría más uno para decidir cuestiones judiciales.

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Además, hay otra alternativa que se debería explorar primero, según Pinilla, quien hizo parte de las cortes Constitucional y Suprema, y es que los togados titulares convengan nombrar a los magistrados auxiliares como encargados, mientras se eligen en propiedad a los demás.

Pero de lo contrario, el estado de conmoción sería inmiente y el presidente Iván Duque quedaría facultado para dictar decretos con fuerza de ley que tendrían vigencia hasta que se levante la declaración del mismo.


Y ese es un escenario que muchos no descartan, ya que a la elección de los siete magistrados y nuevo del Fiscal General se suma ahora la escogencia del presidente y el vicepresidente del alto tribunal para el nuevo periodo, lo que promete aumentar la tensión en los pasillos de una de los entes judiciales más importantes del país.

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La única decisión que se tomó el jueves fue que el magistrado José Francisco Acuña Vizcaya asumió como presidente encargado.

Antecedente

Solamente una vez en la historia del país se ha declarado un estado de conmoción interior para nombrar magistrados en la Corte Suprema de Justicia y tuvo lugar bajo la vigencia de la Constitución de 1886.

Amparado en ella, el entonces presidente Belisario Betancur declaró el estado de sitio, como se llamaba entonces, debido a que doce togados fueron asesinados en el holocausto del Palacio de Justicia.


Lo que se sabe es que, de acuerdo con lo dispuesto en la Carta Magna, los magistrados escogidos bajo esa condición estuvieron de manera temporal hasta que el alto tribunal retomó su funcionamiento normal.