Colombia

‘La inseguridad rampante en las regiones es la mayor amenaza a la paz’

Cuatro años después de la firma del acuerdo, ¿cuál es su balance de este?
Yo soy optimista. Si sobrevivimos a las embestidas de estos años –las objeciones, los entrampamientos, etc.–, es porque el proceso de paz real en los territorios tiene mucha más fuerza que sus detractores en la capital. Pero hay amenazas grandes que nos pueden sacar del camino y tirar al barranco. La principal es el derrumbe de la seguridad en las regiones.

¿Qué destaca usted que haya hecho bien el presidente Duque?
Yo creo que el gobierno Duque ha abordado la reincorporación con seriedad. En algunos puntos ha ido incluso más allá de lo que estaba acordado, prolongando la vida de los ETCR, por ejemplo. Claro que faltan cosas como el acceso a tierras. Pero en los territorios hay hoy miles de personas que hasta hace cuatro años estaban en la guerra y hoy están rehaciendo sus vidas calladamente con toda clase de proyectos. Eso es hacer paz.

Otro punto...


La Presidencia tuvo la lucidez de entender la importancia del catastro para la estabilización y el desarrollo del campo. Se consiguió un crédito grande y se puso una meta ambiciosa de formalización. También celebro que hayan decidido sacar adelante los PDET. Por lo menos las estructuras quedarán montadas y se están haciendo pequeñas obras que piden las comunidades, con plata de regalías y cooperación. El consejero Archila recorre los PDET todas las semanas como un misionero, eso hay que aplaudirlo. El problema es que no tiene a casi nadie detrás.

¿Por qué cree que pasa esto?


Precisamente por eso. No les ponen carne a los huesos. Los PDET fueron diseñados para acelerar y articular la llegada de los llamados planes nacionales, 16 planes que van desde infraestructura, pasando por educación y salud, hasta comercialización y formalización laboral, para sacar al campo de esa especie de apartheid social al que ha estado sometido por décadas. El habitante del campo no puede seguir siendo en Colombia un ciudadano de segunda.

Es una situación muy crítica...


Cuatro años después de la firma, solo la mitad de los planes han sido adoptados formalmente. Usted no ve prácticamente ningún cambio grande en el terreno, y muy poco compromiso de los ministerios, con excepciones como electrificación cuando estaba María Fernanda Suárez en Minas. Así no se logra una verdadera masa crítica en los PDET que transforme las condiciones de vida de la gente, que comienza a perder confianza en tanta promesa. Y no hablemos del acceso a tierras, donde, según las cifras oficiales, solo se han distribuido 32.000 hectáreas de los 3 millones que exige el acuerdo, es decir, el 1 %. Y vaya uno a saber a quién.

¿Una paz a medias?


Recuerde que el compromiso del acuerdo no es solo de medios, sino sobre todo de resultados: acordamos reducir la pobreza en el 50 % y eliminar la pobreza extrema, inicialmente en 10 años y luego de la renegociación, en 15. En las cifras del Dane del 2019, la pobreza monetaria subió en el 1 % y la extrema en el 3 %, y eso antes del covid.
Es decir, vamos para atrás.

En su concepto, ¿cuáles son los riesgos que corre el acuerdo?


En el corto plazo, el mayor riesgo para la paz no es principalmente una implementación mediocre o pobre del acuerdo, sino la ausencia de las dos condiciones necesarias para implementarlo: la seguridad y la no estigmatización. Aunque estas también mejoran, por supuesto, con una implementación cabal del acuerdo.

Hablemos de la inseguridad...


La inseguridad rampante en las regiones es de lejos la mayor amenaza a la paz. Sin seguridad, la reincorporación se pone en riesgo, porque le toca mover los ETCR, como ocurrió en Ituango. Algunas personas pueden comenzar, ante el riesgo, a titubear y a preferir meterse bajo la sombrilla de alguna organización ilegal para protegerse de los asesinatos. Por ese roto se nos va la paz.

¿Y la sustitución de cultivos?


Lo mismo ocurre con esto, o con los mecanismos de participación, o incluso con los ejercicios de verdad en los territorios: si el costo de levantar la mano es exponerme a que me peguen un tiro, mejor me quedo callado. Imposible construir la paz en esas condiciones.

¿Y a qué atribuye esa situación?


Es evidente que hay una fuerte pugna en los territorios por el control territorial, eso ya sabíamos que iba a ser así. La pregunta, más bien, es por qué el Estado ha sido tan ineficaz en su respuesta. ¿Cómo es posible que en el Cauca maten a un líder cada tres días y el Gobierno se comporte como un espectador parado en una esquina frente a un accidente de tránsito?
Pero es una tragedia que viene de años atrás...
Comencemos con un mea culpa: la preparación en el gobierno Santos pudo haber sido mejor. Hubo un exceso de confianza en los efectos inmediatos del acuerdo, cuando estaba claro que los negocios ilegales y las disputas territoriales iban a seguir.

¿Entonces?


Lo que no esperábamos, francamente, es que un gobierno del Centro Democrático fuera a hacer las cosas tan mal en materia de seguridad. En perspectiva, la explicación es bastante clara.

Sergio Jaramillo, embajador en Bruselas
Foto:

Carlos Ortega / EL TIEMPO

¿Por qué será?
Primero, es un gobierno que literalmente no sabe leer la realidad. Actúan como si estuvieran enfrentando a las Farc y siguen bebiendo de esas aguas ideológicas, cuando la realidad es que la gran guerra militar en Colombia se acabó. Ya no hay un aparato de 10.000 o 20.000 hombres ejerciendo control territorial militar con miras a la toma del poder, sino muchas pequeñas organizaciones ejerciendo otro tipo de control, más basado en asesinatos selectivos y plata. De ahí las masacres.

Para usted, ¿se quedó estancado en otra época?


Pues, si uno no desarrolla nuevos conceptos y nuevos instrumentos en seguridad para enfrentar la nueva situación, no va a avanzar. Eso se intentó con éxito al final del gobierno Santos con la operación Agamenón contra el ‘clan del Golfo’, pero la dejaron morir.

¿No ve una estrategia?


La capacidad civil de diseñar esos instrumentos y dirigir el esfuerzo de seguridad en el Ministerio de Defensa, que fue definitiva para dar el giro entre 2000 y 2010, está prácticamente muerta. Es curioso pero cierto: desde que se restableció el ministro civil, hace casi 30 años, no ha habido ministros de Defensa tan incompetentes como los del Centro Democrático. Tienen un aparato de seguridad de lujo, que no existía en los 90, y no saben cómo manejarlo. En todas partes hay falta de direccionamiento, autoridad y acción conjunta.

¿Algo más?


La ausencia total de lucha contra la corrupción en las propias filas. La política de seguridad del Gobierno menciona la palabra ‘corrupción’ una sola vez, con eso le digo todo. No es posible que se mueva la droga como se está moviendo por el sur del Valle y el norte del Cauca, por ejemplo, prácticamente en las goteras de Cali, sin que haya mucha gente comprada dejando pasar. Eso funciona así, tristemente. Y la gente lo ve, lo que rompe la confianza en la protección de la Fuerza Pública. Si no limpian la casa por dentro, no hay nada que hacer.

Y lo que faltaba: llegó la pandemia...


Implementar el acuerdo, fortaleciendo las comunidades y creando empleo, ayuda mucho. Ahora con la catástrofe del covid debería haber mayores incentivos para hacer inversiones más grandes en los PDET y llegarles a quienes están fuera de la economía formal, que es la mayoría. Pero lo primero, repito, es poner la casa en orden.

Usted pide no a la estigmatización...


Si no hay una disposición a aceptar al otro sobre la base de unas reglas compartidas, es muy difícil construir paz. Lo que hemos visto es lo contrario: la estigmatización permanente de los líderes sociales, lo que los pone en grave riesgo, porque los marca. Si duda de los efectos en el terreno de lo que se diga en el centro del poder, mire lo que pasó recientemente en Estados Unidos con las declaraciones de Trump, por no hablar de nuestra propia historia. A una declaración descachada le sigue un muerto real.

Usted logró quitarles las armas a las Farc, una guerrilla muy poderosa. ¿Cómo ha visto ese grupo ahora en el escenario político?


La transición de las Farc de las armas a la política ha sido exitosa. Los veo trabajando juiciosamente en el Congreso. ¿Quién se hubiera imaginado eso hace 10 años? Y los reconocimientos que han hecho ayudan mucho a mostrar que la paz trae un cambio real.

Entonces, ¿cree que se ha avanzado?


El acuerdo ha abierto espacios en la política más allá de las Farc. Sacamos adelante el Estatuto de la Oposición, en lo que se había fracasado más de una docena de veces, y ese estatuto ha servido de plataforma para lanzar nuevos liderazgos, como el de Juanita Goebertus. Lo que falta, sin embargo, es lo principal: sacar del todo la violencia de la política, que es la marca de una democracia consolidada y de lo que trata el punto 2 del acuerdo.

En materia política, dos de las instancias creadas por el acuerdo –la Comisión de la Verdad y la JEP– reciben muchas críticas cotidianamente. ¿Por qué cree que pasa esto?


Es normal que un proceso de justicia transicional despierte fuertes reacciones en la sociedad. Lo que no es normal es que desde el mismo Gobierno estén atacando permanentemente a un tribunal de la República, como es la JEP. Recuerde que Justicia y Paz, que es nuestro punto de comparación más inmediato, tardó cinco años en sacar su primera sentencia y ocho en sacar la de Mancuso. A la JEP, con una tarea infinitamente más compleja, se le pide que resuelva en tres.

Pero hay una percepción de que no avanza...


La JEP está cogiendo cada día más cuerpo. Después de un trabajo admirable de Patricia Linares, en medio de las circunstancias más adversas, está hoy presidida por un expresidente de la Corte Constitucional y exdecano de los Andes, Eduardo Cifuentes. En Colombia no se puede pedir más de un jurista.

¿Qué destacaría usted de la JEP?


Se están esclareciendo las violaciones más atroces que hemos conocido, como son los ‘falsos positivos’ y los secuestros; los agentes del Estados y los mandos de las Farc están declarando en detalle, a puerta cerrada, cómo hicieron lo que hicieron. Hay que esperar las sentencias, que van a tardar mucho menos que Justicia y Paz. Conclusión: dejemos trabajar a la JEP en paz.

El gobierno de Duque, sin embargo, los sostiene...


Ahora, hay que reconocer también que el gobierno está financiando a la JEP y a la Comisión correctamente. Eso también es implementar el acuerdo.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dice que durante el gobierno del que usted formó parte hubo incentivos perversos para la siembra de los cultivos. ¿Qué piensa de eso?


Se ha tejido una leyenda negra alrededor de la negociación del punto de drogas: que es un invento. Que se acordó con las Farc no fumigar: falso; por el contrario, dejamos explícito en el acuerdo, por pedido del ‘No’, que el Gobierno se reservaba el derecho a asperjar.

Para usted, ¿qué otra cosa no es cierta?


Que se acordó hacer entregas de “mensualidades” a los cocaleros, como dijo Rafael Nieto la semana pasada en el foro de la Universidad Militar: falso, el objetivo del programa de sustitución en el acuerdo es territorios libres de coca y superación de las condiciones de pobreza, sobre la base de un enfoque territorial que beneficie a toda la comunidad. Creación de bienes públicos, facilidad de acceso a crédito y asistencia técnica, eso es lo que pide el acuerdo, no regalos.

Se ha hablado de las trasferencias monetarias...


Así es. Se dice que en la implementación se cometió el error de introducir transferencias monetarias directas. Eso crea un incentivo perverso, y en eso tiene razón Holmes Trujillo, sobre todo cuando hay una debilidad enorme en la focalización del programa y en la capacidad de monitoreo y control de los cultivos.

¿Aquí están de acuerdo?


Quizá este sea un punto para comenzar a tender puentes, porque como está no va a funcionar, así arroje resultados positivos en algunos casos, ni hay quien lo pague. Se necesitan una revisión consensuada y una mucha mejor coordinación con la estrategia de seguridad, para que dejen de matar a los que sustituyen.

Finalmente, hace una semana hubo un conversatorio en el que participó usted y en el que el general Mora se despachó contra el proceso. ¿Cómo valora sus expresiones?


Le repito lo que dije ese día: negociar con las Farc es como ir a una batalla o jugar un mundial. No hay margen de error. Usted solo tiene agradecimiento por sus compañeros y sentimiento de camaradería, por duras que hayan sido las discusiones en el camerino. El general Mora fue tal vez el miembro más disciplinado de la delegación. Defendió sus puntos de vista con toda la fuerza de un soldado, y también como un soldado defendió la posición conjunta a la que habíamos llegado. Porque en la mesa siempre hablamos con una sola voz.

¿Y el futuro?


Miremos más bien hacia adelante y trabajemos todos los días en que no se nos dañe la paz. Que no digamos el día de mañana que no sabíamos lo que podía pasar.

ARMANDO NEIRA 
EDITOR DE POLÍTICA

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