Colombia

La deuda

25 de octubre de 2020

Directores
Orlando Cadavid Correa
Evelio Giraldo Ospina

Nuevamente nos encontramos con que algunas comunidades en nuestro país andan cobrándole al resto de ciudadanos unas cuentas que mantienen pendientes y que es necesario que definamos de una vez por todas, porque uno no puede vivir siempre a la espera de un alguien que lo persiga por donde quiera que ande con una cuenta de cobro. El mismo Código Civil determina sabiamente que no hay obligaciones financieras irredimibles, como es la que hoy, al igual que ayer, y desde hace muchos años, nos vienen cobrando los llamados indígenas, a quienes no les ha bastado con que se les hubiesen regalado algo así como el 25% de las tierras aptas para la agricultura en el país, cuando ellos son solo el 4% de la población, valga decir, 2 millones de personas. Y como si ello no bastara, cobran anualmente cifras cercanas a los 300 mil millones de pesos, cual si fueran inválidos o disminuidos mentales a los que, el Estado, todos nosotros, tengamos el deber de mantener.

Empecemos: Tienen tierras de buena calidad que algunos indígenas explotan debidamente. Se les han conferido leyes que les permiten aplicar las llamadas leyes ancestrales a quienes viven dentro de sus territorios. Territorios que se denominan resguardos; resguardos que significan protección para ellos, sus tierras, sus pertenencias, sus costumbres. Pero ello no les basta. Demandan dinero que el Estado tiene que entregarles año tras año para que ellos dispongan de él sin que tengan que dar cuenta y razón del para qué ha sido utilizado. De todas estas gabelas, nace el que algunos de estos ciudadanos privilegiados, si es que se les puede llamar así, tengan lo que al resto de los mortales en el país no se les da. Empezamos porque tienen representación directa en el Congreso de la República, a cuenta de nada, porque los demás debemos ganar esa representación en elecciones. Cuando alguno de estos señalados privilegiados incurre en un delito, la legislación ha dispuesto que las sanciones sean impuestas no por un Juez de la República, sino por los mandamases del Cabildo, sanciones que van desde un baño en agua fría hasta unos fuetazos, los que serán más o menos fuertes, según se trate de quien se trate. Gozan del privilegio de ocupar tierras a su antojo y apropiarse de lo que allí se encuentre, sin que ello les conlleve sanción alguna y, por el contrario, usualmente el Estado compra la propiedad para darla a los invasores. Atacan a la Fuerza Pública y la insultan y humillan, sin consecuencias para ellos y, en oportunidades, la defenestran del territorio a su cuidado. Se toman por asalto carreteras y vías de comunicación de importancia nacional y destruyen lo que a su paso encuentran sin que de ellos se reclame responsabilidad alguna. Incendian vehículos, roban sus contenidos. Secuestran ciudadanos y los torturan. En fin, incurren en toda clase de atropellos para con quien quiera que a su alcance encuentran y nada pasa. Las autoridades nacionales parece que se hacen los de la vista gorda ante estas acciones y nunca, nunca han llamado a cuentas a los que los organizan en sus llamadas Mingas, que no son cosa distinta a una banda de forajidos que no se detiene ante nada.

Y para que de alguna manera se entienda que estas comunidades cobran lo que no se les debe y el Estado les entrega lo que no merecen, bástenos ver y comparar con el resto de ciudadanos que ganan su pan honradamente y hacen patria.  Los llamados indígenas gozan de suficientes recursos como para poder comprar cada uno las llamadas chivas o buses escalera, al punto de que ahora unos 200 de estos vehículos les transportaron de sus tierras a Bogotá para exigir más y más del Estado. Y de paso, las normas viales no se respetaron y nadie se los exigió. Las disposiciones de salubridad tampoco fueron atendidas. Y nos preguntamos: ¿De donde sale el dinero para sufragar los costos de tamaña movilización? Eso de que fue a punta de una gallinita donada, o una libra de maíz o cositas así, es un cuento que no se los cree nadie, cuando se requieren no menos de tres mil pesos diarios para alimentar a cada uno y eran 17.000, lo que da que son necesarios 51 millones diarios solo por este concepto.

Y algunos de ellos se quejan porque los colombianos los estigmatizamos. No! No los estigmatizamos, sólo les tenemos terror por sus despropósitos de todo orden, en todo y por todo.

Ya! Ya pagamos esa deuda. Llegó la hora de decir basta. Basta ya!

Y por el mismo camino van FECODE y las Centrales Obreras.

Manizales, octubre 22 del Año de la Peste.

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