Colombia

Justicia en los territorios

La formulación de estrategias para articular a los actores de justicia en los territorios y crear modelos ajustados a sus necesidades jurídicas no es una iniciativa novedosa. Desde el 2012, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha implementado políticas en esta dirección: los Sistemas Locales de Justicia (SLJ) y, de forma más reciente, los Modelos de Justicia Local y Rural (MJLR). Desde 1995, además, se ha desarrollado el programa de casas de justicia y centros de convivencia ciudadana, hoy presente en 132 municipios.

Los SLJ son una estrategia diseñada para garantizar el acceso a la justicia en los territorios, especialmente en las zonas del país donde históricamente la oferta institucional ha sido débil. Con un enfoque sistémico, territorial y diferencial (1), los SLJ han logrado generar sinergias entre todos los actores de justicia presentes en los municipios, agrupados en i) comunidad, ii) administración municipal, iii) justicia formal (judicial y administrativa), iv) justicia comunitaria, y v) justicia propia o ancestral (2). Los SLJ son la materialización de un trabajo de colaboración entre el Estado y la comunidad para reconocer las necesidades de justicia de cada territorio y proveer respuestas oportunas y efectivas, tarea en la que ha desempeñado un rol importante la cooperación internacional (Unión Europea, Pnud, Usaid). A lo largo de casi una década, los SLJ han sido implementados en 116 municipios y en 6 departamentos.

Los MJLR son una estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, que resaltó la necesidad de construir modelos diferenciados de oferta
de justicia.

Los MJLR son una estrategia más reciente, adoptada por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, que resaltó la necesidad de construir modelos diferenciados de oferta de justicia (3), que atiendan las condiciones socioeconómicas, culturales y geográficas de cada territorio. Los MJLR son el ejemplo de que se puede –y debe– construir sobre lo construido, porque esta estrategia parte de las lecciones aprendidas por los SLJ, para avanzar en la estructuración de modelos de justicia flexible, dinámica y pertinente, con participación protagónica de los actores territoriales de justicia, pues las necesidades jurídicas en Bogotá o Medellín no son las mismas que en Riohacha o Leticia. En el desarrollo de la estrategia ya se han reportado importantes avances, como la categorización de 8 grupos de municipios con conflictividades comunes y la definición de la ruta de implementación de los respectivos modelos, con énfasis en municipios Pdet (4). En una primera fase, se aplicará en 22 de dichos municipios y contribuirá al cumplimiento de la política ‘Paz con legalidad’, bandera del Gobierno Nacional.

Los MJLR son ejemplo de una política que acerca la justicia al ciudadano, que es la efectiva reforma de la justicia, sin necesidad de arreglos normativos, pero con mucho trabajo de gestión y coordinación interinstitucional.

El proyecto de ley “por medio del cual se promueve el acceso a la justicia local y rural”, propuesto por la Procuraduría General de la Nación, es un aporte importante en la medida en que busca desarrollar y complementar el ya existente marco normativo de la justicia local y rural, pero es imperativo que se armonice con todo este esfuerzo de coordinación institucional, que completa casi una década, y con los nuevos MJLR, que hacen parte del Pacto Estructural por la Legalidad del actual Plan Nacional de Desarrollo como una meta transformacional y de prioritario interés para el Gobierno Nacional. Debemos construir juntos este proceso.

(1) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Pág. 485.

(2) Cartilla ‘Sistemas locales de justicia’, 2017. Pág. 6.

(3) Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’. p. 90.

(4) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. El Pdet es un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los componentes de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en los municipios priorizados.

Margarita Cabello Blanco


Ministra de Justicia y del Derecho

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