Colombia

Iota y el olvido de San Andrés

Las imágenes que inundaron los diarios y noticias estos últimos días son desgarradoras. Un huracán de categoría 5, máximo en su escala, borró en unas cuantas horas la sonrisa de los 63.000 habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Cuando se acaban de cumplir 35 años de una de las tragedias más dolorosas de nuestra historia, hemos presenciado el Armero del siglo XXI.

Se estima que el 98 por ciento de la infraestructura de Providencia ha quedado seriamente afectada. Los vientos de 250 kilómetros por hora devastaron la humilde arquitectura raizal de casas y residencias de madera colorida. Iota fue como la roya para este apartado departamento que ya venía recuperándose no solo del coletazo del huracán Eta, sino también de 8 meses de crisis económica y humanitaria producto del covid. En efecto, uno de los lugares más afectados por la pandemia fue justamente San Andrés. El 57 por ciento de su economía se basa en el comercio y los servicios asociados al turismo, sector que se vino a pique con las políticas de aislamiento.

Pero lo más triste de esta historia es que tuvo que pasar un huracán por las islas para que el país se diera cuenta de la ya crítica situación social de la región. La lluvia, el viento y el mar de leva son solo la estocada final de una tierra que ha sido víctima del olvido constante y descarado del Estado colombiano. Solo en materia de mitigación del riesgo, según las cifras oficiales, la inversión no supera anualmente los 800 millones de pesos. Y dentro de dicho rubro no hay un solo centavo para programas como el ‘conocimiento del riesgo’ y el ‘fortalecimiento institucional’, claves a la hora de prevenir y alistar a las autoridades en esta clase de situaciones.

Hoy, todos lloramos la pérdida de vidas que resultó del paso del huracán Iota. Sin embargo, la indiferencia frente a todos los demás indicadores sociales ha sido una constante histórica. Son bien conocidas las estadísticas y reportes oficiales sobre las precarias condiciones que viven los raizales. Después del Vichada, es el segundo peor departamento en materia de alcantarillado. Las zonas rurales están literalmente a oscuras porque la cobertura de energía eléctrica es nula. Y en materia de penetración de banda ancha, San Andrés se encuentra muy por debajo del promedio nacional, con un ínfimo 5,2 por ciento. Ha sido tanta la desidia del Estado que no hay un hospital de primer nivel para su gente. En Providencia, a sus 6.000 habitantes les prestan el servicio básico sanitario en un puesto de salud, que hoy, después del huracán, ya no existe.

Es momento de solidarizarnos, no solo con el Gobierno Nacional, al que le compete avanzar en el plan de reconstrucción del departamento, sino también con la población que vive en dicho territorio. La intervención que se ponga en marcha debería tener en cuenta que incluso antes de la tragedia las islas requerían inversiones importantes para poder mejorar el déficit de vivienda que, según los mismos datos del Departamento Nacional de Planeación, se encuentra sobre el 79 por ciento, siendo el peor calificado de Colombia. Eso sin contar que la cobertura en educación superior es tan solo del 21 por ciento, muy por debajo del promedio nacional. Como si no bastase, urge el fortalecimiento de la oferta de seguridad y justicia. Los indicadores en esta materia son alarmantes. Las tasas de homicidios, hurtos y violencia intrafamiliar superan las de muchas otras regiones de nuestro país.

Iota arrasó con casas, techos, carreteras y postes de luz. Dejó un registro de devastación pocas veces visto en Colombia. Pero San Andrés, Providencia y Santa Catalina venían ya exigiendo desde hace décadas una atención más decidida y solidaria por parte del Estado. No fueron suficientes los datos oficiales para entender la magnitud de las necesidades de una población apartada no solo por la distancia que nos separa de ella, sino por la indolencia de un establecimiento que mide sus acciones en votos, prebendas y clientelismo.

Nadie puede controlar los efectos de la naturaleza. Sería mezquino capitalizar políticamente lo que ha pasado, como muchos han tratado. Tampoco sería justo endilgarle toda la responsabilidad al gobierno de Iván Duque, ya que los problemas de San Andrés vienen de tiempo atrás. Lo que sí se puede hacer es reconocer que hay territorios en Colombia que solo marcan titulares de prensa cuando ocurre una catástrofe como la que se vivió en las islas, o en Lloró, Chocó, o incluso en Usme. Constantemente se desconoce que la verdadera tragedia la viven a diario millones de compatriotas que no gozan de sus derechos más básicos. Nos hemos convertido en agentes reactivos, pero no en agentes del cambio.

No esperemos a que se repita un Armero, o que vuelva un huracán para despertar ese sentimiento de solidaridad colectiva. Antes de Iota, por San Andrés, Providencia y Santa Catalina había ya pasado la devastación que deja el abandono del Estado.

Ñapa: una valiente Juanita Goebertus les ha dado a muchos una clase de dignidad y coherencia política. Su labor en el Congreso la hubiera podido llevar fácilmente al Senado. Pero siendo leal a su conciencia y vocación ha decidido emprender una tarea fundamental: apoyar una opción de poder de centro alternativo para el 2022. ¡Buen viento!

GABRIEL CIFUENTES [email protected]

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