Colombia

El revuelo por la privación de la libertad del gobernador Gaviria

En un país acostumbrado a reclamar duros castigos a los políticos involucrados en investigaciones, la decisión de la Fiscalía de detener al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, llamó la atención por el hecho de que la reacción de la mayoría de sectores de la vida nacional fue de desconcierto.

La noticia, que se conoció el viernes, no solo generó la solidaridad de personajes de diversas vertientes políticas, quienes respaldaron a Gaviria y esperan que pueda resolver su situación jurídica, sino que también despertó preocupación entre grupos económicos vinculados al desarrollo del departamento, uno de los más importantes del país.

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Su inquietud tiene que ver, además, con el hecho de que en plena lucha contra la pandemia del covid-19, que ha puesto la lupa de los organismos de control sobre alcaldes y gobernadores por el manejo de recursos de la emergencia, en el caso de Gaviria se trata de un proceso por hechos de hace 15 años.

Según la investigación de la Fiscalía, los delitos habrían sido cometidos cuando el gobernador fue mandatario del mismo departamento en el período 2004-2007 y tienen que ver con un contrato para mantener y pavimentar una vía de la región.

Es frecuente que cuando a un dirigente le cae la ley, sus aliados se apresuren a denunciar una persecución política mientras sus adversarios exigen la hoguera. En el caso de Gaviria, que para la época de los hechos que se le sindican fue reconocido como el mejor gobernador del país y cuya gestión en ese entonces alcanzó niveles de favorabilidad del 89 por ciento, lo que lo puso en la plataforma de presidenciable por el Partido Liberal, las reacciones de apoyo vinieron de las más distintas vertientes ideológicas.

Incluso desde el propio jefe de Estado, Iván Duque, quien aseguró ser respetuoso de la institucionalidad, pero se pronunció porque también quería dejar constancia de conocerlo y haber trabajado junto a él durante años. “Le tengo un profundo respeto, reconocimiento y aprecio. Mi solidaridad con él y su familia”, dijo.

La noche del viernes, el presidente Duque nombró como gobernador encargado a Luis Fernando Suárez Vélez, quien se venía desempeñando como secretario de Gobierno del departamento.

En la misma línea se expresó el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático, colectividad con la que Gaviria se enfrentó tanto por la gobernación como cuando fue alcalde de Medellín.

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Gaviria, hijo del exempresario Guillermo Gaviria Echeverri y hermano del gobernador asesinado Guillermo Gaviria Correa –uno de los hechos más dolorosos vividos por Uribe en su gobierno–, goza del respeto del expresidente. “Me duele mucho la decisión”, aseguró. “Me duele por Antioquia, por su familia, por él. Nuestros deseos, que pueda superar con éxito esta dificultad”.

Otra de las voces políticas de peso en el departamento, el aspirante a la presidencia Sergio Fajardo, también salió a defenderlo: “He tenido coincidencias y diferencias políticas con Aníbal Gaviria”, pero, dijo, “le tengo gran aprecio personal”. Y concluyó: “Es un exabrupto sugerir que debe seguir el proceso en la cárcel. Creo en su inocencia”.

En la misma orilla se puso la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, aunque ella fue más allá al asegurar que la decisión judicial se produjo “para desviar la atención de las arbitrariedades y tape-tape de la ‘ñeñepolítica’ ”. Y para tal efecto, según ella, “hacen el show mediático de mandar a la cárcel al gobernador”.

Pero si tantas voces se expresan a favor de Gaviria, entonces, ¿cómo explicar lo ocurrido? Su caso se remonta al año 2005, cuando la gobernación bajo su mando firmó un contrato por 41.000 millones de pesos para pavimentar un tramo de la Troncal de la Paz. En la investigación de la Fiscalía hay evidencias de que en el contrato se habrían registrado tres irregularidades. Inicialmente se aprobó un anticipo para el Consorcio Troncal de la Paz, que se ganó la licitación, y luego ese valor se aumentó, lo que habría favorecido al contratista. El pago se hizo, dice el expediente, sin que existiera garantía contractual para que el dinero se invirtiera adecuadamente.

Sumado a esto se firmaron dos otrosíes a la obra, uno de ellos para construir un puente que, a juicio de los investigadores, tenía que ser objeto de una nueva licitación y no entregado al consorcio que venía desarrollando la obra, del que era accionista Carlos Solarte, quien hoy es procesado por supuesto pago de sobornos para la adjudicación del contrato para el desarrollo del interceptor Tunjuelo-Canoas, en Bogotá. Para la época del contrato en Antioquia Solarte no estaba incurso en las investigaciones por las que hoy responde y su empresa era una reconocida firma de infraestructura del país.

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En la investigación contra Gaviria no se le acusa de haberse quedado con dineros de la obra, ni de haber recibido o pedido sobornos para la adjudicación. Sino que se señala que aunque él hubiera delegado la contratación, como mandatario seguía siendo responsable y tenía que ejercer vigilancia a las adjudicaciones que se hacían durante su administración.

Lo que sigue en el caso es avanzar en la práctica de pruebas que incluyen la toma de declaraciones y la evaluación de documentos del contrato. Estas corren por cuenta del fiscal del caso, que escuchó a Gaviria en indagatoria hace menos de dos meses y en tiempo récord resolvió su situación jurídica. La defensa del mandatario también puede aportar o pedir que se realicen las pruebas que considere necesarias, incluso podrá pedir que se revise la decisión.

Legalmente hay un término de 120 días para que avance esta parte del proceso judicial, que se adelanta por el viejo sistema penal, al término del cual debe decidirse si el caso será cerrado o si Gaviria será llamado a juicio.

Quince denuncias en la Fiscalía

Al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le aparecen en la Fiscalía 15 denuncias. De ellas, 13 están en indagación, una en investigación preliminar y una en instrucción.

Según la entidad, dos de las denuncias están en la Corte Suprema por hechos como aforado, y otras 13 en fiscalías locales.

No es inusual que los mandatarios sean denunciados por su gestión, lo que es relevante es si la justicia encuentra méritos para una condena.

REDACCIONES POLÍTICA Y JUSTICIA
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