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Colombia

El debate judicial

Gran polémica jurídica y no poca indignación general causaron las liberaciones, por vencimiento de términos, del controvertido exmagistrado Francisco Ricaurte, quien está bajo investigación dentro del llamando cartel de la toga; del expresidente de Saludcoop Carlos Palacino y de César Mondragón, señalado por los descalabros de libranzas en Estraval.

Son tres casos visibles, mediáticos, que envían un mensaje negativo que la ciudadanía asocia con impunidad. No se trata de una absolución, pues el proceso sigue. Pero para la gente de a pie no es entendible ni fácil ver a quienes están acusados de grandes entramados de corrupción –uno de ellos vistió los más altos atuendos de la justicia– franquear la puerta hacia la libertad.

El asunto, que se ve entre odioso y complejo, debe mirarse con cuidado. Desde el 2016 viene funcionando el mecanismo de libertad por vencimiento de términos, en el entendido de que una persona no puede estar detenida indefinidamente, por un año o máximo dos, sin que la justicia se pronuncie de fondo, pues de por medio están sus derechos fundamentales.

En ese momento, según el ministro de entonces, Yesid Reyes, había personas que llevaban hasta diez años con medida de aseguramiento, sin que se les resolviera su situación, pues aquí hay un retraso judicial de muchos años y aún hoy, miles de procesos duermen en los anaqueles de las telarañas. A la fecha, como lo informó este diario ayer, hay 39.880 personas privadas de la libertad –el 32 por ciento de los presos en el país– en calidad de sindicadas, esperando que se resuelva su caso; de ellas, 7.972 llevan detenidas más de 21 meses.

Se necesita una justicia robusta, eficiente y moderna, con jueces y fiscales suficientes, con entes de control y vigilancia efectivos

Aquí no solo está de por medio la efectiva aplicación de justicia, sino los enormes costos de los detenidos para el Estado, además de las consabidas demandas que interponen quienes permanecieron en detención, muchas veces injustamente, y no les resolvieron pronto su situación.

De otro lado, como ‘hecha la ley, hecha la trampa’, no faltan las famosas dilaciones de abogados de los acusados para ganar tiempo. Está contemplado que este tiempo no sea tenido en cuenta, pero se necesitan jueces y fiscales estrictos en la norma y en las cuentas para que los vivos litigantes, que se conocen todos los vericuetos de las leyes, no se salgan con la suya y ofendan no solo a la sociedad, sino a miles de presos que no cuentan con grandes recursos. Si hay que hacerle ajustes a la norma, bienvenidos; son urgentes. Y se requiere también mayor eficacia y diligencia en estos procesos especiales que plantean interrogantes sobre en qué está fallando nuestro sistema acusatorio.

Se comienza ahora a reclamar una reforma de la justicia que ha tenido tanta resistencia en el Legislativo y en las mismas cortes. Con ella o sin ella, lo que se necesita es un aparato judicial robusto, eficiente y moderno. Que haya jueces y fiscales suficientes, con entes de control y vigilancia efectivos. Y que se apliquen las sanciones de rigor, tanto para los que abusan de las normas y hacen trampa como para los que cierran los ojos ante esas triquiñuelas. Se requiere voluntad de todos los poderes.

EDITORIAL


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