Colombia

El asedio judicial a Vicky

En los últimos 15 días, la periodista Vicky Dávila lleva 2 condenas judiciales en su contra y 3 tutelas interpuestas por Juan Guillermo Monsalve y su familia, el testigo estrella de Uribe. Es decir, ha sido prácticamente una maratón. Las dos primeras condenas provienen de procesos independientes, que no tienen causalidad entre sí, ni en modo o en tiempo, pero curiosamente se apoyan mutuamente como precedente judicial, como si este acoso contra Vicky estuviera orquestado desde alguna instancia poderosa.

De toda la cantidad de expedientes que me leí para escribir esta columna, solo encuentro un error en lo que es la labor de una buena periodista investigativa. A Juan Guillermo Monsalve, Vicky lo ha llamado asesino, secuestrador y mentiroso. Monsalve no está condenado por asesinato. Pero de ahí a exigir mediante una tutela una millonaria indemnización económica por las afectaciones contra la “honra, prestigio y buen nombre” de ese personaje hay un gran trecho. El testigo estrella contra Uribe ha sido condenado a 40 años por “secuestro extorsivo, fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas, concierto para delinquir”, y ha demostrado ser un mentiroso sistemático que, además, confesó haber pertenecido a dos bloques de las autodefensas y conocido al menos de dos masacres. El concepto de ‘buen nombre y honra’ parece un chiste. Una demanda parecida había presentado la hermana de Monsalve, Marta Elena, porque Vicky publicó material reservado de la Fiscalía sobre conversaciones legalmente grabadas por la Fiscalía entre miembros de la familia Monsalve. Según la juez, la información publicada no guarda ninguna relación con el caso y nada aporta a la actividad periodística. Esa es una valoración absolutamente privativa del periodista, que es el que evalúa, y no el juez, si ciertas piezas procesales a las que tiene acceso merecen ser divulgadas, porque aclaran el entorno del caso. Por ejemplo, descubrir que la familia Monsalve era dueña de una finca comprada en 40 millones de pesos que se preparaba para vender en 500 es de interés público, si se tiene en cuenta que la familia ha sido objeto de “ayudas humanitarias” para sobrevivir; también, que precisamente la finca aparezca adquirida por conductos aún no del todo claros, por los días en los que Monsalve rendía el grueso de su declaración contra Álvaro Uribe. Eso lo mínimo que hace es despertar el interés de un buen periodista investigador, así para el juez del caso la finca pertenezca a la órbita privada de los Monsalve y no signifique una valiosa pieza procesal.

Los dos procesos en los que aparece condenada Vicky en los últimos ocho días son bien particulares. En el primero se la encuentra culpable por los perjuicios morales e injuriosos que afectaron la honra y buen nombre, intimidad, derecho al trabajo y tranquilidad personal de un coronel Estupiñán y de su familia. A este lo denunció un intendente Pulecio, que fue quien le entregó a la periodista un audio en el que el primero aparecería direccionando la adjudicación de un contrato. La justicia sostiene que Vicky “presionó con ironía y sarcasmo” para que botaran al coronel del puesto. Al final fue desvinculado por “bajo rendimiento”, según evaluación de sus superiores, pero el Tribunal Superior de Bogotá no le cree a la institución, e insiste en que fue por culpa de Vicky, y por eso la condena a indemnizar por perjuicios. Raro que la sentencia se hubiera filtrado a los periodistas vía Corte Suprema...

Y citando como precedente este proceso, el fin de semana pasado, el Juzgado 22 Civil condena a Vicky por haber publicado el video de un episodio privado de dos personas adultas (en la que una, que era congresista, chantajea sexualmente a un joven policía, sobre el que tenía autoridad y jerarquía). Nuevamente el juez da clases de periodismo, opinando que el video “carece de nexo exacto con la investigación desarrollada por el Ministerio Público contra la Policía Nacional”, y porque no implica un acontecimiento de interés general para la opinión pública.

Como una constante, jueces y tribunales acusan a la periodista de estar publicando material reservado, cuando esta prohibición se aplica solamente al juez, al fiscal y a las partes, pero no al periodista en su labor investigativa. Y se reserva la justicia todo el tiempo en los casos contra Vicky el derecho a decidir qué información es de interés de la opinión y cuál no, como si fuera de su órbita valorar qué merece ser comunicado a la opinión.

Que Vicky Dávila esté metida en este marasmo de condenas y tutelas que apunta a retirar de circulación sus informes periodísticos y a ir tras su patrimonio no es una mera coincidencia. Es un vergonzoso acoso.

Entre tanto... ¿Qué opinan las asociaciones pro libertad de prensa?

MARÍA ISABEL RUEDA

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