Colombia

Eduardo José González Angulo: el señor de las vacunas

Rafael Camargo- Orbedatos

El Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, anunciaron, sin desparpajo, que los contratos con los cuales se adquirió la vacuna contra la Covid-19 para el país fueron realizados bajo el derecho privado.

En una operación que se originó con la expedición del Decreto Legislativo 444 de 2020 –declarado, entre otras, exequible por la Corte Constitucional– se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, como un fondo sin personería jurídica, con los procesos de contratación para la ejecución de los recursos sometidos al derecho privado y recursos están sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República.

El 14 de septiembre el Consejo de Estado aprobó que la obtención y distribución de la vacuna debía hacerse desde los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, y el único autorizado para administrar estos recursos es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

«Es decir, dichos contratos no fueron suscritos por el Ministro de Salud, sino por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a través del FOME, entonces no están cobijados por la ley 80. Por esto, no estarían en la obligación de hacerlos públicos como lo solicitan en el Congreso y otros sectores en el país.

El FOME además es financiado por el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), el Fondo de Pensiones Territoriales (FONPET), el Fondo de Riesgos Laborales, los recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación, y los rendimientos financieros generados por la administración de los recursos», reveló Caracol Radio.

En resumen: toda la gestión la adelantará la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, cuyo director es el ingeniero civil Eduardo José González Angulo.

LA HISTORIA DEL «MONO» GONZÁLEZ 

En Popayán, su tierra natal, son propicios para ponerles sobrenombres a sus personajes políticos. Y a Eduardo José González, simplemente lo conocen como «el mono González».

Fue el senador Luis Fernando González, a quien los payaneses le tienen el remoquete de «chuspas» quien lo llevó a las grandes lides de la política. En el 2007, por ejemplo, buscaron la gobernación del Cauca y para ello le despojaron a Guillermo Alberto González del aval del Partido Liberal.

Sin embargo, Guillermo Alberto –con el respaldo de las negritudes—blanqueó al «mono González» y a «chuspas».

La hoja de vida del «mono» González incluye puestos como gerente general de la Industria Licorera del Cauca, 1995-1997; alcalde de Popayán – encargado en 14 períodos entre 1992-1994; Jefe de División de Reconstrucción Urbana y Rural de la Corporación Autónoma Regional del Cauca en 1994, Secretario de Obras Públicas Municipales y Secretario de Planeación Municipal de Popayán.

En el gobierno del presidente Andrés Pastrana, por gestión de «chuspas», fue nombrado como jefe de la oficina de desastres del Ministerio de Gobierno.

Cuando llegó a la presidencia de la república Álvaro Uribe, nombró al «mono» González, como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En el ejercicio de su cargo por primera vez empezó a ser mencionado como beneficiario de extensos territorios baldíos en Vichada.

Los vecinos de estos terrenos indicaron que «el mono González» supervisa sus tierras en helicóptero acompañado del senador Luis Fernando «chuspas» Velasco, quien ahora aspira a ser el vicepresidente de la campaña de Gustavo Petro.

Foto Luis Barreras.

CAMBIO DE TOLDOS 

Después de haber fracasado en todas las contiendas electorales en representación del Partido Liberal «el mono» pasó al uribismo y hoy es uno de los principales líderes de esa colectividad.

Hay múltiples denuncias por el manejo de las ayudas a los damnificados de los desastres y de la pandemia. Se adquieren las ayudas con sobre costos, explican los denunciantes en los mercados o son productos de mala calidad.

Antes de llegar al «pomposo» cargo fue candidato al Senado de la República, enfrentándose a su paisana Paloma Valencia, para disputar en el Cauca, los escasos votos que salen por el Centro Democrático. Nuevamente fue derrotado.

Pero cómo hacía parte de la cúpula del Partido de Gobierno fue llamado por el presidente Duque para volver a ocupar el cargo de director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Durante su gestión empezaron a salir rumores sobre los negociados, la W Radio hizo una investigación donde definitivamente quedó mal parado González Angulo, sin embargo, los entes de control en poder del uribismo procedieron a engavetar las denuncias.

UNA VIDA DE ESCÁNDALOS DE «ESTA RATA DE ALCANTARILLA» 

El 26 de abril del 2020, el portal Proclama del Cauca, tituló una nota como Califican de «rata de alcantarilla» al «Mono González».

En el recuento que hace el periodista Alfonso Luna, el lunes 20 de abril de 2020 el periodista Juan Pablo Calvás publicó en el diario El Tiempo una columna que tituló El verdadero desastre de la cual se deduce que Eduardo José González, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), estaría incurso en la comisión del delito de peculado por apropiación, por la gestión realizada para la entrega de un millón de mercados en distintas regiones del país a nombre del presidente Iván Duque y del Ministerio del Interior, razón por la cual insinúa la columna que es una de las «ratas de alcantarilla» que mencionara el presidente Duque en una de sus intervenciones de la semana pasada.

En la negociación habría incurrido en la conducta que su jefe rechaza en público porque, de acuerdo con la investigación periodística, el mercado tiene un valor comercial de 80.000 pesos y se pagó por cada uno $ 117.000. La diferencia de 37.000 pesos multiplicada por un millón de mercados, daría un presunto peculado de $37.000’000.000 (¡treinta y siete mil millones de pesos, en una sola salida a la galería!), denunció el medio.

Según los detalles que entregó Calvás en El Tiempo, se deduce con sana lógica y sentido común que  González Angulo al haber aprobado sobrecostos injustificados en el desarrollo del contrato estatal, debería ser sujeto inmediato de las respectivas investigaciones por parte de la Contraloría, para los efectos fiscales; la Procuraduría para que tomara urgentemente decisiones disciplinarias y la Fiscalía General para que asumiera su competencia en los asuntos penales que el caso amerita, entidades que deberían informar oportuna y cotidianamente a la opinión pública sobre el avance de las respectivas gestiones.

Esta repudiable circunstancia provocó la indignación en amplios sectores de opinión pública y en dirigentes cívicos porque «mientras se pierden 37.000 millones de pesos en bolsillos corruptos, continúan muchas comunidades en los cordones de miseria de las ciudades y en las vías públicas clamando por una miserable ayuda que no les llega», dijo a Proclama del Cauca uno de los líderes que interviene de manera constante en la defensa de los derechos colectivos de las comunidades.

Preocupa por la falta de transparencia por parte del funcionario señalado por los medios de comunicación. ¿Qué dijo en su momento el señor González sobre ese error? Nada. Absoluto silencio. En ‘La W’, el director de la UNGRD no logró explicar ni mostrar pruebas efectivas que justificaran los sobrecostos.

«Esta rata de alcantarilla estaría metida en el corazón mismo del Gobierno Nacional y se estaría sentando una tarde sí y una tarde no con el presidente para evaluar estrategias de ayuda para las zonas más afectadas por la crisis de la Covid-19», sostuvo el periodista Calvás en la publicación citada.

Y, es más, según la publicación de El Tiempo: «Lo del señor González en la UNGRD no es nuevo. Hace unos meses, desde esa misma entidad estaban destinando los pliegos de una licitación por 137.000 millones de pesos al desarrollo de obras para evitar la erosión costera en Cartagena.

En aquel momento, también fue el equipo periodístico de ‘La W’ el que reveló que los tiempos establecidos en la licitación (que tampoco estaba publicada en los portales oficiales) se volaban cualquier lógica de contratación en unos pliegos tan complejos. Además, tenían escondido un otrosí al proceso que ampliaba los plazos para que los interesados presentaran sus propuestas. Solo cuando se hicieron las denuncias en la radio apareció el otrosí, y le echaron la culpa a un webmaster por la no publicación».

LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES, PERO SIN RESULTADOS 

El 21 de octubre del 2020, el portal Valora Analitik tituló su información diciendo que «Abren proceso de responsabilidad fiscal a funcionarios de U. del Riesgo de Desastres en Colombia».

«La Contraloría General de la República de Colombia anunció este miércoles que abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $16.637 millones contra el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, Eduardo José González Angulo, contra cuatro subdirectores de la misma entidad y 35 proveedores de kits de alimentos», dijo el portal.

La razón del inicio de este proceso es por los sobrecostos, faltantes en cantidad y producto, y entregas incompletas de mercados destinados damnificados y afectados por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

Según estableció el organismo de control, las irregularidades se dieron en 89 órdenes de proveeduría emitidas por la UNGRD para la entrega de estos kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia, conforme a la declaratoria de calamidad pública en varios departamentos del país y en el Distrito Capital.

Así las cosas, la Contraloría pudo establecer la ocurrencia de sobrecostos, y/o cantidades faltantes (menor gramaje o mililitros en elementos como leche, arroz, pasta, sal, panela, fríjol, lenteja, chocolate y aceite) y/o unidades faltantes de ciertos productos (fríjol y chocolate), y/o kits no entregados. Además, de que en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar. Para el ente de control, las situaciones mencionadas implican que en desmedro del erario se vienen pagando sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado.

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría vinculó como presuntos responsables fiscales al director general y subdirectores para el manejo de desastres de la UNGRD que intervinieron en estos hechos y, también, a 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos:

*Eduardo José González Angulo, en su calidad de director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

*María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza, en su condición de subdirectores para el Manejo de Desastres de la UNGRD.

*Y 35 proveedores de esta entidad, entre los que figuran empresas como Apoyos y Logísticas SAS, Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios SAS, Central Cooperativa Proveeduría Indígena del Cauca – Cencoic, Corporación Ceres, D&M Distribuidora y Comercializadora SAS, Distrifruver La Carreta y Diver Dotaciones SAS.

Asimismo, fue llamada como tercero civilmente responsable La Previsora S.A., compañía de seguros.

Cabe recordar que los actos irregulares, que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal, fueron puestos en conocimiento de la Contraloría mediante dos denuncias recibidas por correo electrónico, el 29 de abril de 2020, por la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, que solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) revisar la contratación cuestionada.

Hay que decir que la entidad afectada por el detrimento patrimonial de $16.637 millones es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, fideicomiso estatal constituido como patrimonio autónomo y que es administrado por La Previsora S.A.

Esto porque la ordenación del gasto del Fondo y sus subcuentas está a cargo del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN 

El portal «Asuntos legales» reveló el 22 de diciembre del 2020: «Un nuevo caso de corrupción afronta la Unidad de Gestión del Riesgo con recursos para la pandemia.

Se identificaron sobrecostos cerca de los $5.867 millones en 81 órdenes de proveeduría para atender emergencia en 28 departamentos».

Se conoció que la Contraloría General de la República, el pasado 16 de diciembre, inició indagación preliminar por corrupción en la adquisición de la asistencia alimentaria de emergencia para las familias afectadas por el impacto de la pandemia por covid-19.

Así lo informó la W Radio que dijo que la actuación irregular habría sido por detrimento del patrimonio a la nación, donde se identificaron sobrecostos cerca de los $5.867 millones en 81 órdenes de proveeduría que fueron emitidas por la entidad estatal de gestión del Riesgo que dirige Eduardo José González para atender la emergencia en 28 departamentos del país.

Por lo que el auto ordena que se dé el trámite en la unidad anticorrupción a todas las actuaciones con los hechos relacionados a esta investigación y se determine de qué manera se podría haber afectado los recursos de la nación por estas compras.

Por esto, la Contraloría declaró de impacto nacional los hechos relacionados con las irregularidades en la adquisición de 612.000 kits alimentarios.

LA MANO DEL «MONO» EN SAN ANDRÉS 

Luego de la serie de acusaciones por parte de la ciudadanía, se organizó una comisión interdisciplinaria de la Contraloría General de la República comenzó los procesos de seguimiento permanente a las acciones y recursos dispuestos para atender la emergencia que se ha presentado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras el paso del huracán Iota. El grupo encargado adelantará acciones de verificación fiscal al plan del Gobierno de la Gerencia para la Reconstrucción y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para iniciar la reconstrucción de Providencia y las acciones de atención frente a los daños generados en San Andrés.

Este ejercicio se desarrolla en cumplimiento de los decretos estipulados por el Ministerio de Hacienda que, de acuerdo a las resoluciones del 1 de diciembre de 2020, le permitieron al Gobierno nacional disponer de $150 mil millones para atender las emergencias y desastres en el país, de los cuales, la $50 mil fueron destinados por la UNGRD para atender el Archipiélago. Además, la entidad dispuso de los $100 mil millones restantes para reparar los daños causados por la temporada de lluvias en los departamentos de Bolívar, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Magdalena, La Guajira e, incluso, no descarta la posibilidad de aumentar el presupuesto para el Archipiélago.

Se supo que luego del paso del Huracán IOTA sobre las islas de San Andrés y Providencia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) 43.623 asistencias humanitarias en el archipiélago. «La ayuda, dijo la entidad» está distribuida así: 2.435 kits de alimentos, 716 kits de cocina, 2.890 kits de aseo, 669 colchoneta, 754 paneles solares, 2.018 carpas, 1.952 toldillos, 1.278 frazadas, 30.761 litros de agua, 70 metros de plástico y 80 baldes.

En San Andrés, el 4 de diciembre, luego de un mes de la tragedia los habitantes advirtieron de las irregularidades en las entregas.

La periodista Amparo Pontón en un video hizo un llamado en el cual denunciaba que había gente que estaba sufriendo y añadió: «Una cosa es lo urgente y otra es lo importante. Si bien es cierto lo importante es la reconstrucción de Providencia, ahora se necesita es la intervención para la gente que todavía está durmiendo en el agua, hasta los soldados están durmiendo en carpas que se mojan y eso no tiene presentación», advirtió Pontón.

LLEGAN LAS VACUNAS 

Y como si fuera poco el gobierno de Duque ordenó que las negociaciones de las vacunas las hicieran directamente por Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con denuncias que indican que los contratos se están firmando con costos exagerados.

El gobierno para defenderse de las acusaciones sacó la increíble tesis que para negociar las vacunas se firma un pacto de confidencialidad, argumento que de manera olímpica les saca el cuerpo a las explicaciones de corrupción.

Esa es la Colombia de hoy: se busca a unos hombrecillos para que hagan el «trabajo sucio», garantizandoles impunidad e inmunidad.

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