Colombia

Crimen ambiental en Cartagena: devastaron 51.4 Ha de manglar

Con piedra, tablas, basuras y hasta colchones viejos, urbanizadores ilegales persisten en rellenar la Ciénaga de la Virgen, en inmediaciones de los corregimientos de Tierrabaja y Puerto Rey, en el norte de Cartagena.

Este es un crimen ambiental en el que invasores han devastado 51.4 hectáreas de manglar, generando además un nuevo cinturón de miseria en terrenos de bajamar.

La devastación de especies de manglar y bosques ocurre a 25 minutos del Centro Histórico.

Pese a que el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que data del año 2001, estableció que la zona invadida es suelo de protección ambiental cuya prioridad es la conservación del ecosistema, constructores inescrupulosos se han dedicado, desde el año 2014, a devastar el manglar, rellenar con piedras y escombros la ciénaga para vender lotes a familias vulnerables.

Hoy, en Tierrabaja y Puerto Rey un relleno, sobre lo que fuera manglares y aguas dulces de la ciénaga, oscila entre los 5 y los 20 millones de pesos.

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Para las autoridades ambientales de la ciudad se trata de mafias que incluso han trazado calles y manzanas donde antes había diversas especies de mangle

Una investigación llevada a cabo por Cardique y el Ecobloque (un frente interinstitucional en defensa del medio ambiente de Cartagena) presentó fotografías satelitales desde el año 2014 a hoy que muestran la tragedia ambiental.

Ante el avance de las autoridades para evitar que este ecocidio se perpetúe en Cartagena, las mafias de urbanizadores ilegales, en alianza con habitantes de la zona, han amenazado a Rafael Vergara, exsecretario de medio ambiente de la ciudad y uno de los grandes defensores del medio ambiente, hoy coordinador del frente interinstitucional Ecobloque.

Complicidad y silencio de comunidades vecinas a la ciénaga

"El silencio, miedo, tolerancia o la defensa de lo que allí ha estado pasando revela el grado de responsabilidad de quienes han liderado los consejos comunitarios y de quienes los defienden, presentando la defensa de los manglares como si nuestro ejercicio de la autoridad fuera una persecución racista o de clase", señala Vergara, ante las intimidaciones de que ha sido blanco.

Hoy avanzan más de 10 procesos en la alcaldía local dos de Cartagena que buscan la recuperación de parte de estos bienes de uso público.

“Detrás de este cambio de uso del suelo tan infame e irresponsable hay una organización delictiva; hay planeación y empleados: una inmobiliaria ilegal basada en escrituras de posesión notariadas, que traza de vías, mueve escombros y se esconde detrás de la necesidad popular de suelo”, denuncia Vergara.

Estas mafias, con el silencio y complicidad de los consejos comunitarios de las comunidades afro de Tierrabaja y Puerto Rey, incluso entregan títulos de posesión sellados y firmados en notarías.

“En el Ecobloque priorizamos detener este ecocidio con todas las entidades, incluso la Procuraduría. Nos reunimos con representantes de los tres consejos comunitarios, incluido La Boquilla, y cuatro asesores, a quienes confirmamos las recuperaciones de un polígono determinado con Cardique para reconstruir el ecosistema”, agrega Vergara.

(Además, lo invitamos a leer: El cara y sello del AMB como autoridad ambiental en el Atlántico)

Según el Distrito las comunidades afro de la región han sobrevalorado sus derechos sobre el territorio y han olvidado sus deberes y responsabilidades para proteger los predios de bajamar y eviten este crimen ambiental.

Las comunidades afro de la región han sobrevalorado sus derechos sobre el territorio y han olvidado sus deberes y responsabilidades para proteger los predios de bajamar y eviten este crimen ambiental.

'Creada la ley, creada la trampa'

Según el Distrito las comunidades afro de la región han mal interpretado sus derechos sobre el territorio y han olvidado sus deberes y responsabilidades para proteger los predios de bajamar y evitar este crimen a la naturaleza.

"Parar este crimen ambiental es una responsabilidad de todos pero hay resistencia. Es lo que estamos exigiendo. La Ley 70/93 es maravillosa al reconocer y regular los derechos de las comunidades y su derecho a un territorio. Pero es una ley ambiental diáfana que exige el cuidado de las zonas de bajamar sobre la cuales el Estado no adjudica el dominio. Esto lo han irrespetado y para muestra esta barbaridad", sostiene Rafael Vergara..

Gracias a la determinación del Ecobloque se están recuperando más de 25 hectáreas en esta zona.

Cardique adjudicó un contrato para recuperar y repoblar estas zonas de manglar.

“¡Esto tiene que parar! Cómo se lo hemos dicho a los consejos comunitarios: se necesita su concurso y no su oposición. Igualmente requerimos la presencia de la Armada en la vigilancia y protección de las zonas de bajamar y de la Fiscalía persiguiendo el delito”, concluye el coordinador del Ecobloque.

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John Montaño
Redactor de EL TIEMPO
Cartagena

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