Colombia

Corte Constitucional despejó dos ‘falsos positivos’ en Gigante, Huila

La Sala de Revisión del alto tribunal dejó sin efecto, cuatro fallos, entre ellos dos de tutela del Consejo de Estado, que minimizaron la masacre de cuatro jóvenes, asesinados por miembros del batallón Pigoanza. El Tribunal tendrá que fallar de nuevo, con fundamentos en las evidencias que demostrarían las ejecuciones extrajudiciales.

RICARDO AREIZA

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Enhorabuena, la Corte Constitucional, puso la lupa en dos falsos positivos ocurridos en Gigante (Huila), en principio subestimados por las autoridades judiciales

Atendiendo el clamor de las víctimas civiles, la sala de Revisión del alto tribunal, dejó sin efectos, los fallos adversos  proferidos en primera y segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Huila pero también otros dos fallos promulgados en el mismo sentido por el Consejo de Estado.

Al revisar dos tutelas, protegió los derechos los familiares de los cuatro muertos y le ordenó a la justicia administrativa que profiera una nueva sentencia, en un término perentorio de 30 días, con fundamento en todo el material probatorio, que no examinado en su integridad y que terminó aceptando la tesis del falso combate.

En el primer caso, tres jóvenes neivanos, entre ellos un soldado regular que acaba de prestar su servicio militar, fueron acribillados a mansalva por tropas del Batallón Pigoanza, a quienes presentaron como miembros de una banda delictiva.

Luego en la misma zona, otro muchacho drogadicto, consumidor crónico de bóxer, también apareció muerto en un combate fingido, con un arma que nunca disparó

Las cuatro víctimas, al parecer, fueron conducidas con engaños por un reclutador profesional, quien recibió una recompensa por una información que también resultó falsa.

Los cadáveres aparecieron con armas, presumiblemente puestas después de su muerte. Los cuerpos sin vida fueron localizados en un sector despoblado con múltiples impactos de fusil Galil.

El triple crimen ocurrió el 22 de octubre de 2007.  Las víctimas, amigos y vecinos fueron vistas por última vez a las 6:30 de la tarde en el barrio José Eustasio Rivera de Neiva, donde residían.

Ese mismo día, aproximadamente a las 8:30 de la noche, fueron ultimados por miembros del Ejército Nacional con tiros de fusil, en el sector El Caracolí en la vía hacia Potrerillos, en jurisdicción del municipio de Gigante.

Miembros del Batallón de Infantería No. 26 Cacique Pigoanza reportaron que “efectivamente los tres hombres fueron dados de baja en enfrentamiento armado”.

Diego Armando Cárdenas Sánchez 23 años y Luis Ernesto Vargas Olaya 19 años, se dedicaban a labores de albañilería. Marlio Mauricio Murillo Quintero, acaba de prestar el servicio militar obligatorio y se preparaba para una cirugía  por una seria lesión en la mano derecha.

Según el acta de inspección, los occisos portaban tres armas de fuego: Un revolver calibre 32, un revolver calibre 38 y una pistola 7.65.

Los familiares, en cambio, argumentaron que fue un montaje para simular el enfrentamiento armado que nunca ocurrió, aportaron pruebas, incluso piezas trasladadas donde se evidenciaban las dudas del  supuesto combate.

Aun así, los procesos fueron archivados, y las acciones de reparación directa no prosperaron.

La versión oficial

Los militares fueron sometidos a una investigación disciplinaria (No. 04-2008) que terminó absolviéndolos, según auto de archivo de fecha 29 de octubre de 2008.

“El pelotón, según el expediente, fue atacado por los tres jóvenes utilizando armas cortas “cuando realizaban operativos de control contra la delincuencia común con resultado de tres sujetos muertos en el cruce de disparos”.

Por el triple crimen el Ejército ordenó otra investigación penal militar No. 1828. El Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar con sede en Pitalito ordenó el archivo definitivo.

“Se puede concluir que no hay elementos de juicio que aseveren que el procedimiento realizado por los miembros de la tercera escuadra del pelotón ‘Catapulta’ haya sido irregular y por el contrario el resultado de la operación fue satisfactorio para la población civil de la jurisdicción”, aseveró el despacho castrense.

Las víctimas, por su lado, insistieron en que los jóvenes fueron detenidos sin ningún motivo en Neiva y trasladados con engaños hasta Gigante donde fueron ultimados en completo estado de indefensión.

“Es claro que se trató de un terrible homicidio cometido por las fuerzas armadas con violación de todos los derechos de las persona humana”, argumentó el apoderado de las víctimas. Otra cosa pensaron los jueces que estudiaron el caso.

Fallos sin soportes

El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Neiva, descartó que se tratara de un ‘falso positivo’ y solo le dio credibilidad al informe de los soldados que participaron en el falso combate. La sentencia se produjo el 28 de noviembre de 2014.

Los familiares indignados, apelaron. Argumentaron que el análisis del juez de primera instancia fue superficial y equivocado.

“Fue una ejecución extrajudicial perpetrada por integrantes del Ejército Nacional, quienes la presentaron fraudulentamente como unos delincuentes abatidos en combate”.

La misma tesis se mantuvo en segunda instancia. Según la magistrada, Lida Yannette Manrique, no existían evidencias para afirmar que los muchachos fueron llevados engañados para ajusticiarlos.

“Los jóvenes no fueron víctimas de una ejecución extrajudicial, sino que fueron muertos en un enfrentamiento con el Ejército Nacional”, concluyó la magistrada al confirmar la sentencia de primera instancia.

Tutelas

Los familiares, inconformes con la decisión, no tuvieron otra alternativa que la tutela por violación al debido proceso, porque la magistrada no valoró toda la evidencia probatoria, ni los informes periciales, ni los hallazgos de la propia Fiscalía, pero ni siquiera las dudas del Juzgado Penal Militar.

Curiosamente, el Consejo de Estado negó la tutela por extemporánea. Los dos falsos positivos, por relevancia nacional fueron revisados por la Corte Constitucional, que dejó sin efectos los fallos judiciales, por graves violaciones a derechos fundamentales.  El caso fue considerado de relevancia constitucional.

Al estudiar los dos expedientes “es posible concluir que, el Tribunal Administrativo del Huila no valoró la integridad del material probatorio existente en dicho proceso al desconocer las reglas aplicables a la valoración probatoria en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó el magistrado Alejandro Linares de la Sala de Revisión.

Primero, no estudió el informe de química aplicada y sustancias controladas suscrito por el CTI el 18 de enero de 2018, del cual era posible extraer que, si bien fueron encontradas tres armas que fueron disparadas, sólo se hizo prueba a una de éstas. En ese sentido, la providencia censurada se limita a indicar que se encontró residuo de pólvora en las manos de uno de los occisos, sin valorar ese hecho frente a las afirmaciones realizadas por los militares sobre un supuesto enfrentamiento armado.

De la misma forma, el Tribunal no valoró, todos los elementos materiales de prueba ni la evidencia física y llegó a una errada conclusión.

Las víctimas mortales

En efecto, según el magistrado de la Sala de Revisión, de los testimonios recaudados en el trámite del proceso de reparación directa se advierte un común denominador, en la medida en la que todos los declarantes, aseguran que las tres víctimas mortales no hacían parte de grupos al margen de la ley y que trabajaban para garantizar su sustento.

Diego Armando Cárdenas, prestó su servicio militar en el Ejército Nacional. Luego se dedicó a trabajar con un ingeniero en labores de construcción.  Semanas antes de su muerte y en ejercicio de su oficio, tuvo un accidente laboral que lo incapacitó por fracturas en la mano derecha, donde le colocaron un arma.

Lo mismo ocurrió con Luis Enrique Vargas Olaya, quien trabajaba en oficios varios en un colegio y antes de su fallecimiento estaba remitiendo hojas de vida para encontrar un trabajo.

Marlio Murillo Quintero conducía por ratos un taxi de su padre y pintaba casas. Nunca estuvo involucrado con actividades ilegales o portaba armas de fuego.

Drogadicto indefenso

La misma situación se presentó con el habitante de la calle Teódulo Montano Correa, víctima de un falso positivo el 16 de enero de 2008 en la misma zona.

El joven drogadicto Teódulo Montano Correa no estaba en condiciones físicas, psíquicas ni psicológicas para llevar a cabo una agresión armada, al ser un consumidor crónico de sustancias inhalantes (bóxer) y alucinógenos desde muy temprana edad, como reportaron los certificados de una institución donde estuvo recluido antes de ser fusilado como supuesto guerrillero.

Los proyectiles que le causaron la muerte fueron todos disparados desde un mismo sitio, y a muy corta distancia a 22 metros de distancia.

En el operativo “intervinieron ocho militares de los que solamente uno accionó su arma de dotación y disparó solamente cuatro proyectiles de fusil Galil, a las 7:30 de la noche, a 22 metros de distancia y todos cuatro impactaron por la espalda a Teódulo Montano Correa.

Además, el occiso era zurdo pero en la mano derecha le colocaron un revolver calibre 38. La víctima, según el expediente, “no pudo haber lanzado la granada porque no existe ningún ser humano que pueda lanzar una granada a 100 metros de distancia”.

Las pruebas

Según  la Corte Constitucional los elementos que se encuentran en las pruebas trasladadas provenientes de los procesos penales y disciplinarios adelantados por los hechos objeto de estudio no fueron analizados en su totalidad. En concreto, el Tribunal no los valoró. No tuvo en cuenta el certificado de inexistencia de antecedentes aportado por la Fiscalía General de la Nación. Tampoco un informe técnico de balística realizado por el CTI en el que se concluye que los disparos hechos por parte de los militares fueron realizados “de abajo a arriba”, en un terreno “relativamente plano” y a una “distancia no mayor de 20 metros”.

El documento advierte, igualmente, que los disparos que causaron la muerte de las tres víctimas fueron realizados desde atrás y, en el caso de dos de ellos, desde un plano más alto con relación a los orificios de entrada.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, confirmó que Diego Armando Cárdenas, tenía una “perturbación funcional del órgano de la prensión, cuyo carácter de transitorio o permanente no pudo ser valorado.

En el sitio tampoco encontraron rastro de sango alguno a pesar de que recibieron varios disparos de armas.

Sin embargo Tribunal tampoco tuvo en cuenta, la respuesta brindada por el Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar a la Fiscalía 45 Especializada en Derechos Humanos, sobre serias dudas existentes frente al actuar de los militares en este caso.

Según la Corte Constitucional la magistrada que falló la segunda instancia no estudió la totalidad de los elementos probatorios y desencadenó la configuración de un defecto fáctico en su dimensión negativa por no valorar la totalidad de las pruebas.

“El juez de instancia, no hizo uso de sus facultades probatorias de oficio, para esclarecer los hechos, en el sentido de definir cómo llegaron los jóvenes asesinados a la zona del crimen”, señaló. De hecho, según las pruebas que obran en el expediente las víctimas fueron conducidas por un reclutador al sitio donde les dieron muerte.

En el expediente aparece que el Ejército Nacional le pagó al Diego Fernando Espinoza Baquero una recompensa por la información sobre la identidad a las víctimas como presuntos delincuentes.

Revocatoria

En consecuencia, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional revocó las sentencias de tutela de primera y segunda instancia, dictadas por las Secciones Segunda y Quinta del Consejo de Estado. Además tuteló los derechos de los parientes de las víctimas y dejó sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

Asimismo le ordenó que profiera una nueva sentencia previa la evaluación de todo el material probatorio.

El tribunal, también omitió la valoración de la investigación penal que adelanta la Fiscalía 76 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

“Sin embargo, esta Sala encuentra que el Tribunal dio por ciertos algunos hechos que no están probados en el expediente; no valoró algunas de las pruebas obrantes en el expediente; y no evidenció algunas contradicciones que surgen de las pruebas aportadas al proceso. Por lo que, desconoció las reglas de valoración probatoria en casos de graves violaciones de derechos humanos”, aseguró el magistrado Alejandro Linares Cantillo.

“Por todo lo anterior la Sala Cuarta de Revisión, concluyó que en ambos procesos de tutela (T-7.395.090 y T-7.477.406), el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los accionantes. En consecuencia, revocó las sentencias proferidas por las Secciones Segunda y Quinta del Consejo de Estado que negaron la tutela interpuesta por las víctimas.

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional dejó sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por la el Tribunal Administrativo del Huila en el marco del proceso de reparación directa y ordenó que en un término de 30 días profiera una nueva decisión soportada en todo el material probatorio que no tuvo en cuenta en el fallo inicial.

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