Colombia

Congresistas: ¿al matadero?

Cinco magistrados de la Corte Constitucional pretendieron darle un mazazo político al Presidente de la República, argumentando que con el artículo 12 de su decreto 491 del 28 de marzo, que habilita a otras ramas del poder público a ejercer virtualmente sus competencias constitucionales, estaba amenazando la autonomía del Congreso. Pretendieron castigar al Presidente por haber osado permitir, utilizando la palabra ‘podrá’, que el Congreso sesionara de manera no presencial. Un “podrá” que de todas maneras no obligaba al Congreso ni a que lo hiciera ni a que no lo hiciera. Lo dice el salvamento de voto de 4 magistrados: “¿Qué mayor garantía de una plena autonomía que una norma que habilita al Congreso para ejercer su autonomía?”.

Nunca se le quitó su derecho de reformar su reglamento interno, que dispone que las sesiones parlamentarias tienen que ser presenciales. Lo curioso es que el Gobierno se pronunció en tal sentido porque el presidente del Senado, Lidio García, y es entendible, se sentía inseguro sobre la constitucionalidad de la virtualidad, y le pidió al Gobierno que se pronunciara.

Pero, como no es una norma imperativa sino permisiva la del Presidente, este permiso sobraba. Era absolutamente innecesario. Sin él, o con él, el Congreso podría haber resuelto lo que se le diera la gana. Pero como el decreto se expidió con el “podrá” a bordo en su redacción, una expresión inocua, desgraciadamente sí sirvió para que la Corte Constitucional (o por lo menos 5 de sus 9 miembros, con la honrosa excepción de Ortiz, Guerrero, Bernal y Lizarazo) se agarrara de ese bejuco para inferir caprichosamente (y quién sabe si políticamente) que el Ejecutivo estaba rompiendo el equilibrio de poderes.

La decisión de la Corte se ajusta a las fórmulas propias de la normalidad, cuando la humanidad, por el contrario, está viviendo la mayor anormalidad de los últimos cien años, que necesariamente ha conducido a la incomunicación. A la imposibilidad del encuentro físico. La civilización, la cultura y la sociedad fueron desarrollando medios de comunicarse que hoy están muy lejos de la rudimentaria comunicación física y directa de la gente. Y que caen de perlas en la pandemia. Antes, para cuadrarse una novia, el novio iba a buscarla a la casa de la mamá. Ahora, la última opción es encontrarse.

Y es grave que esté implícito en la decisión de la Corte mantener la Constitución anclada a las realidades del siglo XIX, de cuando data esta imposición presencial en el Congreso, época en la que solo existía el telégrafo, a Bogotá se llegaba a caballo y se estaba a más de cien años de la realidad virtual. El Constituyente del 91 tampoco cambió ese reglamento, porque en ese año no eran aún concebibles las sesiones virtuales y menos se podía prever la emergencia de una pandemia.

No creo que los cinco magistrados de la Corte que firmaron esta barbaridad de fallo estén listos, ni ética ni moralmente, para mandar al matadero al Congreso de Colombia. Porque si lo van a obligar a que se reúna presencialmente para modificar el reglamento, pondrán en peligro muchas vidas, y ocuparán muchas UCI. ¿Pero, y en 8 días, el 20 de julio, cuando se instale el Congreso, qué pasará? ¿La Corte los obligará a venir físicamente desde sus regiones a contagiar a los demás? Y si no hay ‘quorum’ presencial, ¿entonces no se instala el Congreso? No nos lo dice aún la Corte, porque ni ella sabe la respuesta. Sería tremendamente irónico que este absurdo fallo (¿político?) que pretende garantizar dizque la autonomía del Congreso termine impidiéndole sesionar.

La sentencia de los cinco magistrados es arbitraria, fútil, y una vez más demuestra que en Colombia no hay separación de poderes. Hay un solo poder, y esa es la Corte Constitucional, la que puede dictaminar cómo deben operar los otros poderes, incluidos el Ejecutivo, al que le dice que violó la Constitución por decir que el Congreso “podrá” hacer algo, y el Legislativo, al que no le rebaja que hubiera tomado la decisión autónoma de sesionar virtualmente, no por el “podrá” del Presidente, que no los obligaba a nada, sino porque así lo dispusieron sus directivas, para proteger a los congresistas de la pandemia.

Lo que es inconstitucional no es la norma permisiva del Gobierno, que, como casi todas las de su tipo, es inane, sino la ausencia de una ley del Congreso, que perfectamente podía expedir, para modificar el reglamento. ¿A eso es a lo que llaman separación de poderes?

La Corte oyó sonar la campana, pero no supo dónde.

Entre tanto... ¿A la Corte se le estará olvidando, además, que el Presidente es el máximo gerente de la pandemia?

MARÍA ISABEL RUEDA

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