Colombia

Abrir los colegios

Es urgente que la educación se inserte de manera más decidida en la dinámica de regreso a una cierta normalidad que hoy muestra el país.

Es verdad que en estas últimas semanas las instituciones privadas han comenzado a recibir alumnos en las aulas, siempre con la restricción del 35 por ciento máximo de aforo. Lo mismo ha venido ocurriendo con jardines infantiles, y algunas tímidas iniciativas piloto se han registrado en las instituciones públicas. Pero no es suficiente. Y hay que resaltar cómo esta disparidad de ritmos termina acentuando la desigualdad.

Ante este llamado, hay que tener muy presente que el análisis de los datos de distintos países arroja un parte de tranquilidad. Cada vez es más claro que los colegiales están en menor riesgo de contraer covid y de sufrir complicaciones graves a causa de dicho contagio en comparación con, por ejemplo, la influenza estacional. Esto se concluye a partir de lo que muestran los datos de hospitalizaciones y mortalidad. También aumenta cada vez más el consenso con respecto a que los colegios no son focos de contagio y a que los menores no son vector de transmisión efectivo, a lo cual debe añadirse lo que ya se sabe acerca de que los niños y niñas no suelen ser los primeros casos en un hogar. Al contrario, cuando se infectan es principalmente por contacto con adultos. Por último, numerosos estudios han mostrado que los docentes están en igual riesgo de contraer el virus que otros profesionales, incluso quienes trabajan desde el hogar. En tal sentido, el jueves pasado la OMS reiteró su llamado a que no cierren los servicios educativos en los países donde es más crítico el rebrote, y su director para Europa, Hans Kluge, enfatizó que “los niños y adolescentes no son impulsores principales del contagio y el cierre de las escuelas no es efectivo”.

El motivo de la preocupación por el período ya tan prolongado de aulas vacías para el caso colombiano tiene varios fundamentos. Uno de los más graves se relaciona con la salud mental de los jóvenes. Esta semana llamó la atención un estudio de la Secretaría de Educación de Bogotá que indagó por este asunto y arrojó resultados inquietantes.

Entre ellos, que un 19 por ciento de los encuestados dijeron sentir permanente angustia por el futuro. Así mismo, un 13 por ciento expresó desmotivación o aburrimiento todos los días, mientras que un 4 por ciento afirmó experimentar tristeza a diario. Por último, un 6 por ciento manifestaron sentir rabia incontrolable de forma constante.

No solo se ve en riesgo la salud mental. Peligra también la nutrición. Son muchos los hogares que no están en capacidad de brindarles a los más pequeños la misma alimentación balanceada que recibían en las instituciones a las que acudían. Y no se puede ignorar la deserción. Ante la imposibilidad de continuar el aprendizaje de manera remota, muchos optan por la desescolarización. Un informe reciente de este diario habla de 13.000 menores que ya habrían tomado este camino en las principales ciudades. La dura realidad del abuso sexual a menores que con tanta frecuencia tiene lugar en casa debe siempre contemplarse, así como cuánto afecta esta realidad a la llamada economía del cuidado. Esto es, los ingresos de muchas personas, sobre todo mujeres, que por tener a sus hijos en casa no pueden retomar las ocupaciones de las que derivaban su sustento antes de la pandemia.

La salud mental, su nutrición, los ingresos de los hogares menos favorecidos e incluso el crecimiento económico del país dependen de que pronto se den más pasos en esta dirección

En términos más generales, un estudio reciente de la Ocde a cargo de los expertos Eric Hanushek y Ludger Woessmann demostró que la pérdida de aprendizaje equivalente a un año escolar afectaría gravemente el PIB del país en las décadas venideras. Hasta 4,3 por ciento podría dejar de crecer el producto interno bruto de aquí a 2100 por este motivo.

Todos los actores deben tomar nota de estos elementos. Se necesita un liderazgo que, con base en una comunicación eficaz, disipe temores comprensibles en todas las instancias –padres y maestros en particular–, al tiempo que deje claro que no se avanza sobre arenas movedizas, por lo que se puede acelerar el ritmo y replantear la actual hoja de ruta. En Bogotá, las señales son alentadoras. La alcaldesa Claudia López ya fue enfática en su voluntad de que en enero los niños vuelvan al colegio. Por supuesto, no sobra reiterar la urgencia de armonizar la necesidad de retomar el ritmo académico con la de asegurar que en los planteles haya condiciones de bioseguridad. Comenzando con la provisión de agua potable.

No es poca cosa lo que está en juego. Es hora de que el Gobierno le dé a este asunto la importancia que merece. El tema desafortunadamente ha sido relegado en medio de la crisis. Es momento de que salga a flote y de actuar para reducir el daño. A la larga, se trata de salvaguardar derechos fundamentales de los menores, que deben prevalecer.

EDITORIAL
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